Juan Bautista  

Jubadeal (376º) 

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Jubadeal
10:03 el 31 agosto 2016

La amnistía fiscal fue un escándalo, pero, ¿es legal, como dice el pacto Cs PP, recuperar más dinero?

El PP y Ciudadanos ratificaron el pasado fin de semana un acuerdo de investidura de 150 medidas con las que intentarán que Mariano Rajoy repita como presidente del gobierno. Aunque todas ellas bien dan para un arduo debate económico, ha habido una que ha desatado todo tipo de comentarios y posturas, tanto a favor como en contra.

Se trata de la llamada ‘medida estrella’ que ha salido de la negociación entre ambos partidos políticos: recuperar los 2.800 millones de euros que se “perdonó” a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que el gobierno aplicó en marzo de 2012 para intentar aflorar los bienes que determinados contribuyentes tenían en el extranjero.

En principio se acordó aplicar a esos bienes una carga fiscal del 10%, sin embargo, posteriormente se modificó la mayor, y ese 10% solo sería aplicable a los ejercicios no prescritos en ese momento, los cuatro anteriores. De este modo, apenas se pudieron recaudar 1.190 millones de los más de 40.000 millones aflorados, una nimiedad absoluta. Esa cifra supone que los defraudadores pagaron una media de un 3% por sacar a la luz los bienes ocultos fuera de nuestras fronteras.

El escándalo en la opinión pública fue mayúsculo, y Ciudadanos recogió ese guante desde el principio para pedir que se obligase a estos contribuyentes a pagar lo que realmente debían. Por ello, nada más entrar en contacto con el PP para negociar su sí a la investidura de Rajoy, puso sobre la mesa esta condición, la cual ha acabado plasmada en dicho documento.

Pero, ¿es esto realmente posible? ¿se trata de un brindis al sol de cara a la galería o realmente se llevará a cabo? Preguntas que se hacen la mayoría de los españoles y que no tienen una respuesta absoluta, aunque todo invita a pensar que se trata más bien de un gesto de cara a la galería.

¿Juridicamente imposible?

Recuperar ese dinero que se perdonó en su día no es tarea fácil por multitud de motivos, pero sobre todo por uno: la seguridad jurídica. En 2012 los contribuyentes que estaban en esta situación aceptaron regularizar sus bienes porque se les aseguró que no tenían que pagar por los prescritos -anteriores a 2008-. Si no hubiera sido así, muchos ni habrían ajustado cuentas con el fisco, sostienen los asesores fiscales que llevaron a cabo dichas regularizaciones para sus clientes.

Es decir, los acogidos a la amnistía fiscal lo hicieron así porque se les dio una seguridad y unas condiciones, las cuales el pacto PP-Ciudadanos pretende cambiar cuatro años después, algo que va contra la propia Constitución. Y es que la amnistía fiscal no se reguló por ley, sino por orden ministerial, lo que supone que hay leyes por encima, como el Código Penal y, por supuesto, la Carta Magna.

Por lo tanto, si finalmente hay gobierno y éste empieza a reclamar que se pague por los años no prescritos, los representantes legales de los defraudadores tienen una estrategia clara: apelar al artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la aribitrariedad de los poderes públicos.

Es decir, las personas que acudieron a la amnistía fiscal lo hicieron con unas condiciones, algo que no puede cambiarse a posteriori según se mueva el aire. Porque lo contrario hablaría muy mal de España a nivel jurídico. Si de por sí el nivel de la Justicia en nuestro país ya es ampliamente criticado, una decisión de este calibre puede sentar precedente y ahuyentar al capital extranjero, ese que nuestros políticos mueren por atraer con ventajas fiscales y legales.

Si las grandes fortunas dispuestas a invertir en España ven cómo una amnistía de este tipo cambia sus condiciones unos años después, no se arriesgarán a que les ocurra lo mismo. Y esto se puede extender a multitud de ámbitos, pues igualmente puede pasar con pequeños empresarios, emprendedores, autónomos, etc.

Una amnistía hecha a medida

El problema de todo esto radica en los orígenes de la propia amnistía fiscal, que para muchos fue una verdadera tomadura de pelo y sirvió para que defraudadores con bienes ingentes ocultos los sacaran a la luz a un precio de saldo. Y es que el gobierno se cuidó mucho de que esta amnistía fuera lo menos lesiva para esas fortunas escondidas fuera de nuestras fronteras.

Bien sea porque algunos de los que se acogieron eran del propio PP o afines o porque realmente pensaran que con estas ventajosas condiciones se iba a recaudar mucho más, lo cierto es que la amnistía fue considerada un insulto para los contribuyentes de a pie que pagan más de un 20% de IRPF e IVA a diario.

Aunque rectificar es de sabios, en este caso es tarde. Sí, la amnistía no se realizó correctamente, pero ahora es muy difícil dar marcha atrás. Los abogados de los acogidos a la amnistía pleitearán hasta donde sea necesario para salvaguardar los intereses de sus clientes. Y en este caso, es casi seguro que saldrán ganando. Lo que se da, no se quita.

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2 comentarios
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Dos apuntes: 

- Por un lado, me parecería un atropello absoluto a la seguridad jurídica y, efectivamente, los abogados tendrían todas las de ganar en los tribunales. 

- Por otro, lo que se pone en un acuerdo de este tipo no tiene por qué llegar después a ver la luz... Y menos en tiempos preelectorales como los que tenemos delante.

Se tumba primero la orden ministerial por ilegal al incumplir la Constitución y su precepto que expresa la igualdad de todos los españoles y a continuación se desarrolla una nueva ley.

No lo veo tan complicado,seguro que el Tribunal C. responde a las órdenes de su amo.

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