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20:01 el 01 mayo 2014

Abogada Compliance

MIFID II

MIFID II

 

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de abril, en sesión plenaria, la Directiva MIFID II y un nuevo Reglamento MIFIR, que debe traducirse a todas las lenguas oficiales de la UE y publicarse en el Diario Oficial de la UE, previsiblemente, en junio de este año. Durante el último trimestre del año, se remitirá a ESMA (European Securities and Markets Authority) para que realice las observaciones técnicas que estime oportunas, y será en el primer trimestre de 2015, cuando se abrirá un período de 24 meses en el que los estados miembros deberán realizar la transposición de la Directiva comunitaria a sus ordenamientos jurídicos internos. Es importante destacar que la Directiva MIFID II es una norma de mínimos, a diferencia de su antecesora, por lo que los Estados de la Unión podrán establecer una legislación interna más restrictiva de la que establece la norma comunitaria.

 

¿Cuál es el objetivo que persigue MIFID II?La finalidad de la MiFID II es, en síntesis, introducir una serie de medidas con el objeto de abordar determinados problemas aflorados por la crisis financiera, buscando soluciones para una mayor flexibilidad, eficiencia y transparencia en los mercados financieros, de forma que todo ello se traduzca en una mayor protección para los inversores.

 

Las principales áreas de impacto de la Directiva MIFID II, recogidas en el texto aprobado por el Parlamento Europeo, son:

 

1. En cuanto a su alcance:

 

-El ámbito de aplicación se extenderá a más empresas, como algunas empresas de materias primas, proveedores de datos y empresas de terceros países.

 

-Será de aplicación para instrumentos adicionales como depósitos/productos estructurados y los derechos de emisión.

 

-Los reguladores nacionales tendrán poderes para prohibir de manera permanente productos, en colaboración con la ESMA.

 

2. Comercio electrónico:

 

-Los derivados que sean suficientemente líquidos y aptos para una compensación, tendrán que ser negociados en una categoría específica de sistemas organizados de negociación para mejorar la transparencia, estabilidad y supervisión de los mercados de derivados OTC (over the counter).

 

-Se introducirá una nueva categoría de centro de negociación, denominado Sistemas de Negociación Organizados (los SON).

 

3. La transparencia y la notificación de las transacciones:

 

-Los requisitos de transparencia se extenderán a los instrumentos adicionales como bonos y derivados.

 

-Las obligaciones de información a clientes se verán reforzadas, por ejemplo, sobre productos complejos diseñados especialmente para un cliente; sobre cualquier modificación sustancial en la situación de los instrumentos mantenidos en una entidad; sobre la ejecución de órdenes de clientes, incluidos los profesionales y las entidades gestoras de carteras y receptoras y transmisoras de órdenes. También se refuerzan las obligaciones de información a los supervisores.

 

4. Empresas de terceros países:

 

El objetivo es garantizar el acceso a las entidades y los mercados con una regulación equivalente a la europea, especialmente en lo referente a la protección al inversor, es decir: requisitos de información, conveniencia e idoneidad, ejecución óptima, gestión de órdenes y segregación de activos de clientes.

 

5. Protección de los inversores:

-Se elimina la distinción entre asesoramiento y mera ejecución.

-Las entidades deberán informar al inversor si su asesoramiento es o no independiente.

· Si es independiente, la entidad debe valorar un número suficientemente amplio de instrumentos disponibles en el mercado, de diferentes proveedores, y no serían admisibles los incentivos cobrados de dichos proveedores.

· Si no es independiente,sí podrá cobrar esos incentivos (aunque la norma deja espacio a los reguladores nacionales para que hagan mayores limitaciones si lo desean) pero deberá ampliar la información que da al cliente: si hasta ahora se informa de la existencia de una política general de incentivos y se da al cliente la posibilidad de entrar en detalle (algo que en la práctica éste no exige), ahora el asesor tendrá que dar, desde el principio, toda la información concreta sobre los incentivos que resultan de la materialización de las recomendaciones realizadas.

 

 

La aplicación de MIFID II abre la puerta a la posibilidad de cobrar por el servicio de asesoramiento financiero en España, (algo a lo que los inversores no están acostumbrados y provoca un fuerte rechazo) tanto si se presta de forma independiente, puesto que se prohíben las retrocesiones, tanto si se realiza como no independiente, ya que obliga a informar al inversor del coste total del servicio, sin comisiones ocultas.

La entrada en vigor a principios del 2013 en Reino Unido de la RDR (Retail Distribution Review) prohíbe las comisiones para los nuevos productos de inversión minorista en el caso de los asesores independientes, lo que supone un cambio en el modelo de negocio en un país, en el que, aproximadamente, el 55% de la distribución de fondos de inversión se realiza por asesores financieros independientes. A la RDR se le critica que el coste del asesoramiento no compensa para inversores con volúmenes inferiores a las 50.000 libras, pero sus defensores argumentan que es indispensable para garantizar la transparencia.


 

Tendremos que esperar a la instrumentalización definitiva de la Directiva en el ordenamiento jurídico español para ver el alcance y la definición de la regulación. Confío en que se lleve a cabo de forma que realmente sirva para proteger a los inversores minoristas y no suponga, en la práctica, la firma de multitud de disclaimers a las entidades financieras que les exoneren de responsabilidades en la prestación del servicio de asesoramiento.

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