Desde el pasado 10 de mayo los políticos debaten la que va a ser la mayor decisión de esta legislatura: el futuro de las pensiones públicas. La Comisión del Congreso de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo está reunida para acometer la necesaria reforma de las pensiones.

La hoja de ruta inicial planteaba poder presentar las conclusiones finales en el mes de mayo, pero ahora parece que ya no será posible. Los partidos prefieren esperar a que se resuelvan las primarias del PSOE (previstas para el día 21 de mayo), lo que llevaría la publicación de sus conclusiones a finales de junio en el mejor de los casos. Así el nuevo líder socialista tendría tiempo de clarificar su postura al respecto y los partidos de negociar.

Históricamente cualquier cambio en el ámbito de las pensiones públicas se ha hecho con un amplio consenso y parece que ésta vez será igual. Las propuestas de los expertos han sido de lo más variadas, pero todas buscan un punto de equilibrio que ahora no existe. En 2017 el Estado tendrá que prestar 10.193 millones al sistema de Pensiones y se prevé que cierre el ejercicio con un déficit del 1,4% del PIB nacional.

De lo que ya sabemos de las reuniones del Pacto de Toledo es que las pensiones de viudedad seguirán dentro del sistema contributivo, que exige a la persona que va a percibir la pensión que haya realizado contribuciones al sistema (en este caso sería al cónyuge fallecido). Lo que todavía no está tan claro son el resto de propuestas que hay sobre la mesa. Estas son las más relevantes:

  • Cambios en el sistema de revalorización actual, que limita mucho la capacidad de revalorizar la pensión pública, ya que desde el último cambio en 2013 las pensiones apenas crecen año tras año aunque la inflación lo haga.
  • Dejar de cargar las bonificaciones a la contratación a cargo de la Seguridad Social, algo que de momento se seguirá haciendo este y el próximo ejercicio. Actualmente la Seguridad Social financia las ayudas a contratación o la tarifa plana de los autónomos, que supone 2.000 millones de agujero al año.
  • Mayor proporcionalidad entre lo cotizado durante toda la vida y lo que se cobra después, ya que ahora mismo sólo se tienen en cuenta los últimos 20 años (serán 25 en 2022).
  • Implementar un sistema de cuentas nocionales.
  • Financiar las pensiones a través de impuestos con una cesta de tributos amplia como la que ya se aplica en Francia.
  • Aumentar las cotizaciones sociales, algo que por ahora sólo defiende el PP junto con los sindicatos.  Esto implicaría pagar más a la Seguridad Social, tanto del lado de las empresas como de los trabajadores.
  • Retrasar aún más la edad de jubilación, que según la normativa actual alcanzará los 67 años en 2022.
  • Reformar los planes de prestación definida, que son los que pagan una cantidad fija al jubilarse, independientemente de la evolución del plan.
  • Reducir el déficit de algunos regímenes, como el de autónomos. De hecho, se plantea que los autónomos coticen por sus ingresos, no por una serie de bases fijas que ellos mismos pueden decidir, como ahora. Hasta entonces, aquí puedes ver cómo será tu pensión como autónomo.
  • Compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con el trabajo por encima de los límites actuales. Ahora mismo quienes decidan seguir trabajando tras jubilarse sólo pueden cobrar el 50% de su pensión de jubilación.

Las pensiones públicas son una de las mayores pelotas calientes que el Estado debe afrontar. La reforma del sistema es el mejor ejemplo de porqué es necesario buscar fórmulas para complementar la pensión pública e invertir. La cuantía pública que cobrarás al jubilarte no depende de ti, sino de lo que el Gobierno decida, así que ese dinero está lejos de ser garantizado.

En esta píldora puedes ver cuánto debes aportar a tu plan de pensiones pero si lo que te interesa es saber qué rentabilidad debes generar por tus ahorros, aquí te lo contamos: