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La privacidad y las aplicaciones de rastreo del COVID-19

La privacidad y las aplicaciones de rastreo del COVID-19

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Una de las soluciones para impedir la expansión del coronavirus son las aplicaciones de rastreo, ya que permiten hacer seguimiento de las personas con las que un enfermo de COVID-19 haya podido tener contacto. Los países de la Unión Europea plantean su desarrollo de acuerdo con la protección de la privacidad de sus ciudadanos.

La pandemia del COVID-19 consiguió parar el mundo. Ahora que volvemos a ponernos en marcha y tras los resultados positivos del confinamiento, se están buscando soluciones para intentar controlar los nuevos casos y evitar una segunda oleada de la pandemia. A la espera de la consecución de una vacuna, una de las medidas que muchos países han comenzado a implantar son las aplicaciones de rastreo del COVID-19.

Países como Singapur ya desarrollaron durante la pandemia sistemas digitales de rastreo para identificar aquellas personas que habían tenido contacto físico en los días anteriores con un enfermo que hubiera dado positivo en COVID-19. De esta manera las autoridades podían recomendar una cuarentena a esta persona o practicarle alguna prueba. En otros países se han ido usando sistemas “analógicos”, es decir, en ciertos países el sistema sanitario estatal ha contado con un departamento de epidemiólogos encargados de interrogar a los enfermos y, según su testimonio, identificar y localizar a aquellos posibles infectados. En España se ha tenido que aplicar este modelo, a la espera de desarrollar y aprobar una app de rastreo.

El modelo europeo: la apuesta por la privacidad

El planteamiento de las apps de rastreo que se están desarrollando en Europa parte de lo siguiente: estas aplicaciones generan identificadores arbitrarios temporales, es decir, una serie de números y letras, las cuales se intercambian a través de Bluetooth con los móviles que se encuentran a una distancia corta y que tienen una aplicación similar activada. 

En el momento en el que a una persona es diagnosticada positiva en coronavirus, su médico le hará confirmarlo a través de la app y, en ese momento, el rastreo que ha hecho la aplicación alertará a todas las personas con las que el infectado haya estado en contacto. Para preservar la privacidad, en ningún caso se revela la identidad de la persona ni el momento exacto del contagio. Para asegurar la protección de datos, los contactos entre usuarios se almacenan en dispositivos individuales, evitando su paso por un servidor central. Además, las autoridades sanitarias únicamente accederán a los identificadores que se genera en el móvil del infectado, no a los de sus contactos.


En este sentido, Bruselas ve ventajas en el empleo de la tecnología inalámbrica Bluetooth en lugar de usar el sistema de geoposicionamiento de los teléfonos móviles, ya que respeta los derechos de los ciudadanos sobre privacidad. Por otra parte, la Unión Europa señala que estas apps han de ser voluntarias, es decir, han de solicitar permiso al ciudadano. Por último, se busca unificar sinergias y que no se produzca una proliferación de apps con el mismo objetivo. Establecer pautas comunes y mejorar la coordinación entre países optimizará el funcionamiento de estas apps, evitando los problemas que podrían generarse al traspasar fronteras por parte de ciudadanos europeos.

Para ello, España se ha unido al Consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad (PEPP-PT), que trabaja en la obtención de una app de rastreo que cumpla con la política europea de protección de datos y privacidad. A día de hoy, una veintena de ingenieros europeos implicados en este proyecto trabajan en el protocolo DP-3T, que debería dar lugar a una aplicación única europea que facilitará la trazabilidad en todo el territorio de la Unión. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Italia y Suecia son los países que integran este Consorcio.

En el entorno europeo, Alemania, Francia, Italia, Austria, República Checa, Letonia, Polonia y Hungría ya tienen sus aplicaciones de rastreo operativas, mientras que España, Estonia, Irlanda, Finlandia, Holanda, Lituania, Malta, Chipre, Croacia, Portugal y Dinamarca están pendientes de activarlas. Este mismo mes de junio y durante dos semanas, la isla de la Gomera probará la aplicación española para valorar su usabilidad.Se ha escogido este emplazamiento para el testeo por su singularidad: el volumen de visitantes foráneos frente a la población autóctona en un entorno controlado. La app podrá determinar si se ha coincidido con un virtual positivo entre 15-20 minutos a menos de 3 metros de separación. 

El sistema elegido por nuestro país se vale de la API de Apple y Google (del grupo de Alphabet), compatible con el 99% de los smartphones de mundo, para que los viajeros que visiten España puedan descargar la aplicación y usarla sin problemas.

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno canario, Pablo Hernández, explica que la eficacia del sistema dependerá de la cantidad de ciudadanos que se instalen la app. Para Hernández, que un 30% de la población la instalase podría servir de protección para el 70% restante.


Críticas a las aplicaciones de rastreo de COVID-19 por la privacidad

Aunque muchos países ya han puesto en marcha este tipo de aplicaciones, diferentes organismos han levantado la voz ya que entrañan serios problemas de privacidad. La ONG Human Rights Watch publicó un informe en el que explicaba cuáles son estos riesgos. Entre ellos, se encuentra que el uso de este tipo de apps deberá de ser voluntario, como ha indicado la UE.

En el mismo texto advierten de que en situaciones como esta, a lo largo de la historia se han adoptado diferentes medidas que en muchas ocasiones han conllevado limitaciones que “han ido demasiado lejos y que una vez adoptadas, muchas veces superan su propósito inicial”. Por ello, deben ser unas restricciones “limitadas en el tiempo” y con una tecnología “transparente y respetuosa con la dignidad humana”.

En esta línea, diferentes expertos en privacidad han alertado de la necesidad de limitar y proteger los datos que puedan ser recopilados por las aplicaciones de rastreo de COVID-19, para evitar que alguien pueda apropiarse de ellos y luego venderlos.

De hecho, Noruega ha tenido que paralizar su app, ya que violaba la política de protección de datos de sus ciudadanos.

Por último, tal como señala un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, este tipo de aplicaciones únicamente serían efectivas si las usa más de la mitad de la población y si se combinan con medidas como el distanciamiento social.

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