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El fin del principio, no el principio del fin

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Parece evidente que la recuperación mundial de la recesión generada por el Covid-19 comenzó en mayo. El éxito generalizado, aunque todavía incompleto, en la reducción de la propagación del virus ha llevado a muchos gobiernos a comenzar a suavizar los periodos de confinamiento siguiendo el ejemplo de China. Esto ha dado lugar a amplias mejoras en la confianza de las empresas y los consumidores, en  indicadores alternativos como las reservas en los restaurantes y la congestión del tráfico, así como en datos concretos como el empleo no agrícola en Estados Unidos.


Debido a que la relajación del distanciamiento social se produjo antes de lo previsto, hemos estado revisando nuestras previsiones de crecimiento para el año 2020 (véase el gráfico 1). Mientras que en abril pensábamos que la economía mundial se contraería cerca de un 9% este año, ahora pensamos que la cifra será algo menor, alrededor de un 7%. También es probable que las repercusiones en el mercado laboral sean más moderadas de lo que temíamos en un principio, ya que las jornadas laborales reducidas y los programas de permisos han dado lugar a un menor aumento del desempleo de lo que de otro modo implicaría la profundidad de la recesión.

Nuestra previsión del PIB mundial de abril a junio

Contando los daños
Pero por muy bienvenido que sea este comienzo temprano de la recuperación, no hay que olvidar la magnitud del daño causado. Más de 8 millones de personas en todo el mundo han contraído oficialmente el Covid-19, el número de casos está aumentando en unos 150.000 por día, y la tasa de infección sigue creciendo en algunos países y regiones destacadas. También han muerto más de 400.000 personas a causa del virus, y es probable que el número real de fallecidos sea considerablemente mayor.


El impacto acumuado en la economía mundial ha sido igualmente sombrío. Si nuestras estimaciones son correctas, el PIB mundial habrá caído alrededor del 12% entre enero y abril. Eso es más de tres veces superior que la contracción de la crisis financiera global de 2008. Además, a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento, todas las grandes economías se contraerán este año, y es probable que la producción en algunos países europeos vuelva a caer a niveles no vistos desde principios de la década de 2000. Mientras tanto, seguimos pensando que la crisis provocará una pérdida permanente de producción en comparación con la tendencia anterior al virus.


Y luego están las repercusiones en el mercado laboral.  Al menos, fuera de EE.UU, los planes de apoyo de los gobiernos pueden limitar el aumento del desempleo oficial. Pero si observamos otras métricas de la salud del mercado de trabajo, como el número de empleados que dependen de los planes de reducción de jornada y de permisos, o el total de horas trabajadas, está claro que se ha producido un descenso sin precedentes en la demanda de mano de obra del sector privado, al menos en los periodos que no han sido objeto de guerras mundiales.


Un gran revés para la 'S' en los factores ESG
La recesión generada por el COVID-19 es un desastre potencial para los programas de diversidad, inclusión y justicia. Las personas blancas tienen menos probabilidades de morir a causa del Covid-19, sufren a menor escala la pérdida de sus empleos y es menos probable que trabajen en entornos inseguros. Aunque las tasas de mortalidad de las mujeres han sido inferiores a las de los hombres, el porcentaje de pérdida de empleo de las mujeres ha sido muy superior y además han soportado una mayor carga en lo que respecta a la educación en el hogar y  a otros trabajos no remunerados, incluso cuando trabajan. Los trabajadores poco calificados y de bajos ingresos han perdido más empleos que los altamente calificados y de altos ingresos. Y los niños de los hogares más pobres han recibido menos educación durante la escolarización en casa que los niños de los hogares más acomodados.


El resultado es que estamos sólo al principio de una enorme labor de reparación económica y social. Los gobiernos deben transitar por una delgada cuerda floja entre abrir sus economías con la suficiente rapidez para apoyar la expansión, pero no tan rápido como para dar lugar a una segunda ola importante de infecciones. En medio de lo que será una frágil recuperación, deben mantener una política fiscal acomodaticia y, al mismo tiempo, rotar el apoyo hacia el gasto que impulse el crecimiento a largo plazo y los objetivos sociales y ambientales. Y en los casos en que traten de aumentar su huella regulatoria, deben procurar mejorar el funcionamiento de los mercados y de la sociedad en general, en lugar de socavarlo.


¿Es ahora el momento de la Renta Básica Universal o de una Garantía de Empleo?
Teniendo presentes estos imperativos, vale la pena examinar detenidamente dos políticas -la Renta Básica Universal y la Garantía de Empleo, que tienen por objeto reconstruir las redes de bienestar social que en muchos países se han deteriorado, contrarrestando al mismo tiempo el aumento secular de los ingresos y otras desigualdades que se han manifestado en las últimas décadas.


Con la renta básica universal cada ciudadano (residente) de un país recibiría un pago del gobierno. Los ingresos podrían variar con la edad, pero no estarían sujetos a una comprobación de los medios de vida ni tampoco tendrían la obligación de buscar un empleo. Aunque la cuantía de esos pagos se determinaría mediante el proceso político, la mayoría de los defensores de esta medida consideran que debería ser lo suficientemente elevada como para mantener un nivel de vida digno y sustituir a otros pagos del gobierno.


Como su nombre indica, bajo un esquema de garantía de empleo, el gobierno garantizaría a todos los adultos un empleo fuertemente subvencionado en el sector privado o en el sector público. Los defensores suelen argumentar que los empleos recién creados deberían centrarse en el apoyo a proyectos comunitarios y de obras públicas. Esto acabaría con el desempleo involuntario, actuaría como un poderoso estabilizador automático durante las recesiones y crearía un mínimo efectivo para los salarios y condiciones de toda la economía.


Tener una sociedad más justa tiene un coste
Aunque cada política sería altamente redistributiva, cada una de ellas tiene una serie de ventajas y desventajas, así como complejos problemas de diseño que habría que superar. La renta universal tiene la virtud de ser muy simple de administrar y, de hecho, tiene el potencial de reducir significativamente el tamaño de la burocracia actual necesaria para supervisar el gasto social existente. Y aunque no se requeriría ninguna prueba de trabajo para recibirla, debería mejorar los incentivos para trabajar porque la ausencia de comprobación de requisitos disminuiría en general los tipos impositivos marginales efectivos en comparación con el statu quo.


Sin embargo, si se fijara a un nivel lo suficientemente alto como para mantener un nivel de vida razonable para todos los ciudadanos de un país, sería muy costoso y requeriría impuestos mucho más altos para los que trabajan. Y si se redujera su generosidad - como se ha propuesto en España y en algunos otros países - tendría que ser complementada por otros programas de bienestar, lo que socavaría sus objetivos esenciales. La ausencia de la obligación de buscar y aceptar trabajo también iría en contra del contrato social en muchas sociedades.


Además de los beneficios señalados, un esquema de garantía de empleo duplicaría la relevancia del trabajo, lo que probablemente facilitaría su rédito político. También tiene el potencial de ser más barato que la renta mínima durante todo el ciclo porque sus costes disminuirían durante las recuperaciones y debería asociarse con multiplicadores fiscales más altos.


Sin embargo,  otros problemas potenciales con dicho programa no son menos desalentadores que aquellos a los que se enfrenta la renta mínima. Identificar, coordinar y supervisar la creación de millones de puestos de trabajo donde se necesiten en medio de una economía en deterioro sería un desafío bastante desalentador. Asegurar que esos empleos añadieran valor a la economía y la sociedad, preservando al mismo tiempo la dignidad de los trabajadores, sería aún más difícil. Un plan de este tipo también correría el riesgo de desplazar el empleo en el sector privado durante una recuperación si los salarios y las condiciones de empleo se fijan con demasiada generosidad. Si bien esto podría abordarse fijando los salarios por debajo del mínimo del sector privado, podría considerarse una explotación.


Pero también lo tiene no hacer nada
Sopesar todos estos posibles problemas podría hacer que tales planes parezcan poco prácticos, incluso antes de considerar la dificultad de crear un consenso político en torno a ellos. Pero lo mismo podría decirse de los costosos planes de permisos y préstamos que se han aplicado durante la crisis actual. Los lectores también deberían considerar el coste de oportunidad de no explorar alternativas radicales al actual statu quo, como el mayor afianzamiento de las desventajas y desigualdades sociales y las ramificaciones políticas de las sociedades que se están fragmentando.
Como mínimo, los gobiernos tienen el deber de considerar, probar y evaluar estas y otras políticas que tienen el potencial no sólo de fortalecer la recuperación, sino también de asegurar que esta es la marea que permite a todos seguir a flote.
 

Jeremy Lawson, head of ASI Research Institute de Aberdeen Standard Investments

 

 

Si quiere acceder a más información puede acceder a Thinking Aloud

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