José María Castillejo, presidente y principal accionista de Zinkia con el 64,7% del capital, se enfrenta a una investigación por presunta estafa al frente de la compañía. La magistrada Carmen González, titular del juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid, encargada de la supervisión del concurso de acreedores de la empresa, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, por la que solicita al Ministerio Fiscal que investigue, en concreto, si Castillejo traspasó acciones que estaban bloqueadas como pignoradas. Es decir, usadas como garantía de un préstamo.

De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por elEconomista, en el caso de que la Fiscalía encontrara indicios de delito se abriría la puerta a un proceso penal en un juzgado de instrucción.

Los hechos se remontan a 2011. El 4 de febrero de ese año, la Fundación Santa María de los Peñones, ligada a la familia del propio Castillejo, le otorgó a éste un préstamo de 3,5 millones de euros. Del total, 2,5 millones fueron para Zinkia y el millón restante sirvió para financiar a Jomaca 98, la sociedad patrimonial del propio José María Castillejo.

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