Rick Patel, gestor del fondo FF US Dollar Bond Fund, así como de otros fondos segregados, analiza la situación de la administración pública en Estados Unidos.

La reforma tributaria ha cautivado a los mercados durante las últimas semanas. La versión de la ley tributaria de la Cámara de Representantes ya ha sido aprobada y esperamos que el Senado la debata y vote su propia versión ahora que ha pasado Acción de Gracias. Algunos analistas aprecian una probabilidad del 80% de que la reforma se apruebe y, dado que las bolsas están cerca de máximos históricos, esta estimación no parece demasiado fuera de lugar.

Aunque los detalles de la posible reforma están llevando su tiempo, un asunto del que está hablándose menos es de la fecha tope para que el Congreso apruebe la ley de gasto, que está aproximándose rápidamente. Si no se alcanza un acuerdo antes del 8 de diciembre, la administración pública tendrá que cerrar. Obviamente, esta situación no es nueva. La fecha tope de diciembre se fijó en septiembre, cuando el gobierno estaba a punto de incumplir su techo de gasto. Sin embargo, los daños sufridos durante la temporada de huracanes requerían un rápido acuerdo entre los dos partidos para movilizar fondos de emergencia. El gobierno acordó una resolución de prórroga y amplió el techo de deuda, posponiendo la cuestión hasta el mes de diciembre.

El consenso está convencido de que las inquietudes en torno al cierre de la administración pública son infundadas; a nadie le interesa que la administración pública suspenda sus actividades justo antes de las Navidades. Históricamente, el fantasma del cierre de la administración pública nacía únicamente de las diferencias ideológicas de los partidos, de ahí que el partido que forzase la situación habría tenido que enfrentarse a una inmensa presión pública para no cumplir su amenaza. Sin embargo, esta vez podría ser diferente.

Los republicanos han dejado totalmente de lado a los demócratas durante los debates sobre la reforma tributaria y han introducido medidas que son lisa y llanamente inaceptables para ellos. Por no mencionar que van a lanzar otra andanada contra la reforma sanitaria de Obama en el texto de la proposición de ley tributaria. Muchos demócratas no tienen ningunas ganas de mostrarse conciliadores con sus oponentes políticos y algunos, con un ojo puesto en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre, podrían tomar los debates presupuestarios como una plataforma de lanzamiento para criticar lo que perciben como unas políticas impopulares. Algunos destacados senadores demócratas han señalado que están dispuestos a bloquear las negociaciones presupuestarias hasta que se aborden las cuestiones relacionadas con la inmigración, como los llamados dreamers. Así, existen motivos para pensar que, en ese caso, incluso con un cierre de la administración pública, el peso de la opinión pública estará a su favor.

Si esta táctica tiene éxito, bien a través de un cierre efectivo de la administración o bien haciendo que los republicanos revisen en parte la proposición de ley tributaria, es poco probable que la reacción del mercado sea positiva. Eso no solo retrasaría una reforma tributaria largamente esperada, sino que también chocaría con la reunión de la Fed el 13 de diciembre. Por lo tanto, aunque el mercado mira con mucho optimismo hacia el final de año, tenemos un elefante en la habitación que no se puede obviar. Si no se aprueba la ley de los presupuestos el 8 de diciembre, la administración pública cerrará, lo que significa que podríamos encaminarnos hacia unas navidades bastante movidas.

 

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