Bajo el formato de Fondo de Inversión Libre (FIL), Magallanes crea una estrategia de inversión con impacto social. Un fondo que tiene como objetivo generar una rentabilidad anual no garantizada de entre el 2% y el 4% logrando además un impacto social sostenible y medible al mismo tiempo.

La vocación inversora del Magallanes Impacto está centrada en la financiación a instituciones financieras que otorgan microcréditos a personas desfavorecidas en países en vías de desarrollo permitiendo la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables mediante una actividad productiva que mejora las condiciones de vida. Los microcréditos han demostrado históricamente ser una clase de activo poco correlacionada con el resto de mercados financieros, aportando diversificación, junto con un impacto social sostenible y medible en el tiempo.

El hecho de tener un impacto social definido no implica que la rentabilidad sea un factor secundario. De hecho, en Magallanes creemos firmemente que rentabilidad e impacto van de la mano. No estamos ante un mero instrumento para redistribuir riqueza o un vehículo de inversión filantrópico. Ayudando a mejorar la vida de los menos favorecidos mediante la generación de riqueza, nuestros clientes tienen la oportunidad de obtener una rentabilidad atractiva.

Por todo lo anterior, Magallanes cuenta con el asesoramiento del líder español en inversiones de impacto, Gawa Capital, especialistas en este tipo de activos, con una larga y exitosa trayectoria inversora a sus espaldas.

El compromiso y el respaldo de Magallanes con el Fondo es firme, demostrando su convicción en el mismo. Lanzamos este fondo porque creemos que es una nueva oportunidad para nuestros clientes, y nosotros, como siempre, invertiremos con ellos. Además nos enorgullece poder lanzar un producto con el doble objetivo de retorno social para los beneficiarios de los microcréditos y retorno financiero para los partícipes, pero sin ánimo de lucro para Magallanes. Otra novedad es en lo referente a la política de comisiones de gestión, de tal manera que se puede llegar a renunciar a dicha comisión si la medición del impacto social no llegase a unos mínimos exigidos.

La inversión mínima es de 100.000 euros, solo para inversores profesionales.