Según publico Europa Press ayer, la Comisión Europea ha expedientado a España por no haber incorporado a la legislación nacional la directiva de resolución bancaria, pese a que el plazo para hacerlo vencía el pasado 1 de enero.
La norma establece que en futuras crisis bancarias serán los accionistas y acreedores -incluidos bonistas sénior y grandes depositantes- los que asuman las pérdidas, en lugar de los contribuyentes. Así, se aplicará un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco.
Bruselas ya ha enviado una carta de emplazamiento, primer paso de un procedimiento de infracción, pidiendo explicaciones por el retraso. A pesar de que España está en una fase de trasposición muy avanzada porque ya aprobó la legislación sobre resolución prevista en el memorándum de condiciones del rescate bancario y sólo tiene pendiente las disposiciones que obligan a imponer pérdidas a los bonistas sénior. Según las previsiones, el proceso legislativo se completaria en junio, con lo que se libraría de una denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Sin embargo, España se retrasa en las transposición de la legislación europea, sin motivo aparente, salvo que se intente beneficiar a unos pocos durante el máximo tiempo posible y hacer recaer la responsabilidad sobre todos los contribuyentes.