Mañana, 4 de noviembre, asistiremos a un acontecimiento histórico en la Unión Europea, probablemente al cambio más ambicioso desde la adopción del euro: la asunción por el BCE de la supervisión directa de 128 bancos de la eurozona (15 de ellos españoles) y la vigilancia indirecta de otras 6.000 entidades financieras de menor tamaño. No obstante, según su Reglamento, podrá asumir la supervisión directa de estos bancos no sistémicos si así lo estimara oportuno.

 

Su presidenta, Daniéle Nouy, aseguraba que para evitar una nueva crisis, el secreto es muy sencillo: tener bancos con “capital suficiente y de buena calidad”. También señaló como uno de los factores de la crisis financiera europea, el contar con “una regulación demasiado escasa” y “una supervisión no suficientemente dura”.

 

Durante las intensas negociaciones en el Parlamento Europeo, se acordó establecer un mecanismo de separación entre la labor de supervisión y la de ejecución de la política monetaria para evitar conflictos de intereses. Según lo establecido, el Supervisor propondrá las medidas de supervisión y el Consejo de Gobierno del BCE sólo podrá asumirlas o rechazarlas en bloque.

 

El acuerdo también refleja las exigencias alemanas en cuanto a la inyección directa de fondos para el posible rescate de un banco en apuros: antes de recibir un sólo euro financiado por los contribuyentes, deberán liquidar sus activos y castigar a los accionistas y a los poseedores de deuda de baja calidad.

 

Con este trascendental cambio, se pone en marcha un nuevo paso en la constante constitución de la Unión Europea: la unión bancaria. Esta unión bancaria necesita de tres pilares fundamentales: un supervisor común, una autoridad de resolución y un esquema de garantía de depósitos. El tiempo dirá si avanzamos en la dirección correcta.

 

La unión bancaria es imprescindible para afianzar la unión monetaria, pero no basta por sí sola, necesita una unión fiscal y política, aunque en Europa éstas continúan siendo sólo un sueño para algunos (y una pesadilla para otros). No obstante, el pasado 29 de octubre Berlín fue testigo de un acuerdo sin precedentes: 48 países firmaron un acuerdo multilateral para el intercambio de información financiera y fiscal de forma automática y estandarizada a partir de 2017. Otros seis países se comprometieron, aunque no firmaron, con el citado acuerdo para ese mismo año.

 

El acuerdo supone un gran avance en materia de transparencia y control fiscal internacionales y será básico en la lucha contra los paraísos fiscales. Además, constituirá una gran herramienta para controlar el fraude fiscal. El ámbito de aplicación contempla todo tipo de cuentas financieras, como depósitos, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas. Y afectará a datos como: saldos, importes percibidos por rentas o transmisiones, incluida la identificación del titular de la cuenta.

 

El ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, matizaba en la rueda de prensa anterior al evento que la política fiscal depende de cada estado miembro, dejando clara la postura de su país frente a la utópica unión fiscal de la eurozona.