Estos últimos días hemos podido encontrar en los medios infinidad de artículos, opiniones y declaraciones de todo tipo acerca de lo que puede ocurrir tras las elecciones autonómicas en Cataluña. Asistimos a un espectáculo en el que, por un lado, los defensores de la unidad de España han vertido desafortunados comentarios tratando de infundir miedo a los ciudadanos ante un posible escenario de corralito, pérdida de cobro de pensiones, desastres económicos, etc... Y por otro, las bondades y excelencias del idílico escenario del nuevo estado tras la declaración de independencia. La noche y el día, si simplificamos al máximo.

Lo que realmente me ha llamado la atención, pese a que no me han conseguido despertar un gran interés en este asunto, es que no he visto ninguna exposición seria sobre las consecuencias jurídicas de esa hipotética independencia. Considero que las consecuencias económicas de tal declaración son impredecibles, no así las jurídicas.

Sin ánimo de ser exhaustiva, en primer lugar, como medida preventiva, el Gobierno está facultado, según el artículo 155 de la Constitución española, a suspender la autonomía de Cataluña, si interpretara que esta Comunidad Autónoma pretende actuar “de forma que atente gravemente al interés general de España”.

El artículo 32 de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece que el Gobierno podrá declarar el estado de sitio “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional”.

A pesar de esto, si Cataluña se independizara de España, la consecuencia más significativa para los ciudadanos de ese territorio sería la pérdida de la nacionalidad española, en virtud de lo que establece el artículo 24 del Código Civil: “pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad” (si bien es cierto que no ocurriría hasta tres años más tarde), con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleva. Por extensión, el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que “será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro”.

Y en cuanto a la Unión Europea, ¿qué ocurriría con el nuevo estado? (Esto va dedicado especialmente a nuestro Presidente que, al parecer, no lo tiene muy claro). La realidad es que no existe una regulación específica en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea sobre la sucesión de estados en los casos de secesión y disolución de un territorio de un Estado miembro.

El artículo 4.2 del TUE sólo establece que la UE “respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”. De hecho, la UE considera esa situación de secesión o disolución como un problema interno del Estado miembro y, en consecuencia, atribuye al mismo la facultad de resolución del conflicto.

Atendiendo a los principios y valores que defiende el TUE, y a pesar de no existir previsión legal ad hoc, la Comisión Europea, consultada sobre esa posible eventualidad en el caso de Escocia o Cataluña, ha manifestado inequívocamente que en caso de que un territorio de un Estado miembro se declarara independiente, se convertiría en un tercer estado, fuera de la UE y tendría que iniciar el procedimiento de ingreso previsto en el artículo 49 del TUE para su reincorporación. Ese procedimiento requeriría la unanimidad de los Estados miembros (lo que implica que cualquiera de ellos tendría derecho de veto) para poder incorporarse en la UE.

Pero lo cierto es que si atendemos a los precedentes, comprobaremos que en función de los intereses políticos y/o económicos, la UE ha adoptado diferentes soluciones dependiendo del caso, a saber:

-En el caso de Eslovenia, Croacia, Lituania, Letonia, Ucrania, Vaticano o Islandia, el reconocimiento inicial como estado por parte de algunos países miembros favoreció el reconocimiento posterior por la UE.

-Cuando Kosovo se declaró independiente se adoptó una resolución conjunta en la que se dejaba libertad a cada estado miembro para decidir si reconocía o no la independencia de este estado respecto a Serbia, siendo finalmente reconocida por la mayoría de los Estados miembros de la UE.

Ante este panorama legislativo, si las medidas coercitivas nacionales no pudieran garantizar la integridad del territorio y se produjera una hipotética declaración de independencia de Cataluña, ésta implicaría, según la Comisión Europea, la salida de la UE. Como tercer estado, tendría que solicitar su reingreso por la vía ordinaria del artículo 49 del TUE, una vez que fuera reconocida como Estado por la mayoría de los Estados miembros. Y en ese reconocimiento es donde entrarían en juego los intereses políticos y/o económicos de cada país en esta situación en concreto.

La libertad para reconocer o no al nuevo estado podría provocar una profunda división en el seno de la UE, con unas consecuencias políticas y económicas imprevisibles. Y hay que tener en cuenta que se produce en un momento delicado para la Unión tras las diferencias surgidas por la reacción de los diferentes Estados miembros tras el éxodo masivo de refugiados.

De momento, la incertidumbre es el mayor enemigo para la economía de la zona euro que contiene la respiración a la espera de lo que suceda tras el 27-S.