¿Respeta la progresividad la reforma fiscal?. Análisis detallado.

 

La propuesta de los expertos presentada a Hacienda la semana pasada sigue dando que hablar, aunque sólo sea una propuesta, y tengamos que esperar a lo que decida el Gobierno, que es lo que se plasmará en ley. A grandes rasgos, se basa en las indicaciones y previsiones económicas del Ejecutivo actual. ¿Y si no se cumplen? ¿Será eficaz la reforma fiscal?

 

Si analizáramos la necesidad de la reforma fiscal con una mentalidad más germánica, concluiríamos en que es urgentemente necesaria, puesto que la situación económica en España es delicada y, por supuesto, diferente a la que impulsó la anterior reforma. ¿Pero no sería más lógico tomar como punto de partida cuántos ingresos son necesarios para garantizar la viabilidad de nuestro Estado, teniendo en cuenta el 3% del déficit autorizado por la UE, para poder llegar así a implementar un sistema fiscal eficiente, progresivo y equitativo, decidiendo entonces quién debe contribuir y cómo debe hacerlo para conseguir esta cantidad necesaria?

 

Las principales críticas que está recibiendo el denominado Informe Lagares, son su falta de equidad y de progresividad, ya que algunas de las medidas que contempla suponen un ahorro fiscal para las rentas más altas. En efecto: la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, la rebaja en la base del ahorro desde el 21%-27% actual hasta el 20% propuesto, la petición para aplicar de nuevo la conocida Ley Beckham, o la protección de las SICAVs, benefician al 1% de los contribuyentes más ricos. Curiosamente, España es el país del mundo en el que más ha aumentado la desigualdad durante esta crisis.

 

Otra de las propuestas planteadas sugiere suprimir el actual sistema de cotizaciones sociales para sustituirlo por un impuesto sobre nóminas, similar en su funcionamiento al IRPF. Esta medida reduciría los tipos de gravamen, pero establecería un reparto equilibrado de la carga tributaria entre trabajadores y empresarios. Y la reforma va más allá, pretende ligar el importe de las cotizaciones sociales a lo largo de la vida laboral con las pensiones, lo que supondría una rebaja en las prestaciones por jubilación.

 

La esencia de la reforma consiste en reducir los impuestos directos aumentando los indirectos para conseguir el deseado efecto de la neutralidad en la recaudación. Pero no hay que olvidar que los impuestos indirectos no distinguen la situación tributaria del contribuyente, gravan a todos por igual, no cumplen la regla de la progresividad, aunque es obvio que son más fáciles de recaudar.

 

En un país en el que la deuda pública roza el 100% del PIB, con una economía sumergida que ronda el 22% del PIB (nada menos que 70.000 millones de euros anuales), ¿la reforma fiscal no debería establecer severas medidas de lucha contra el fraude? ¿Debería ir acompañada de medidas que ajusten el déficit público a la situación real del país?

 

La estructura del estado en España es anacrónica. En su momento, por la necesidad de construir una democracia desde cero y de forma pacífica, se asumieron premisas que actualmente están desfasadas. ¿Por qué no se aborda la supresión del Senado, o la eliminación de las Diputaciones, o la reestructuración de la descentralización administrativa tan descontrolada, que nos cuesta una cantidad ingente de recursos y mantiene órganos duplicados? Eso serviría para reducir el gasto público, nuestro mayor problema junto al desempleo. Estableciendo una reforma institucional seria y operativa, podríamos fijar las necesidades de ingresos públicos de forma más racional.

 

 

En mi opinión, otra de las grandes preguntas es ¿por qué no hay medidas de control del fraude fiscal? A pesar de dedicarle un capítulo, el Informe Lagares pasa de puntillas sobre este aspecto: no se establecen medidas contundentes contra la economía sumergida, la economía sustentada en actividades ilegales, los paraísos fiscales... La propuesta de eliminar el sistema de módulos para luchar contra las facturas falsas, el crear una única Administración que aúne la recaudación y gestión de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, o la creación de un sistema informático que permita cruzar los datos bancarios de los contribuyentes con los registros de Tráfico y con los Registradores y Notarios, no parecen medidas significativas, además de ser costosas y en el caso del sistema informático, de dudosa aplicación práctica.