Una de las consecuencias de la crisis financiera es la tendencia de los Gobiernos y de la UE a cargar con nuevas regulaciones a los asesores financieros independientes. La crisis financiera ha demostrado que la distribución que peor a funcionado en Europa y en España de cara al cliente a sido la de redes propias, donde se concentran casi el 100% de los escándalos financieros vividos en los últimos años. Sin embargo, parece que serán las redes independientes (muy escasas en España) las que pagarán una sobrerregulación de su actividad, que inevitablemente acabará repercutiendo en el cliente, por dos vías principales: Un fuerte aumento de la burocracia a la hora de informarse o suscribir productos financieros y un aumento del coste de éstos, derivado de la mayor labor administrativa que deberán realizar los distribuidores.

 

En este contexto, es preocupante que la tramitación de la MiFID incluya enmiendas que prohíban a los asesores independientes el cobro de retrocesiones, aunque la norma no estará antes de 2015 y todavía pueden pasar muchas cosas, tanto en la tramitación comunitaria, como en su trasposición a las legislaciones nacionales de los Estados miembros.