Caja Segovia se ha negado a desglosar las retribuciones a sus altos ejecutivos, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos. Teniendo en cuenta que el Banco de España obliga a las entidades con ayudas públicas a hacer pública esta información, ¿hasta qué punto puede ampararse en la protección de datos?
 
En su apartado de hechos relevantes, la entidad ha publicado una parte de las remuneraciones de sus miembros del Consejo de Administración y directivos del Comité de Dirección, pero es inevitable pensar en qué querrán ocultar para no hacer públicos el resto de datos.
 
¿Qué debería hacer el Banco de España ante la negativa? ¿Y los accionistas?