Las elecciones pasan, la deuda permanece
Alexis Bienvenu, gestor de fondos de La Financière de l'Échiquier (LFDE)
El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para votar en unas elecciones legislativas (midterms) que renovarán al completo la Cámara de Representantes, así como un tercio del Senado. Los agregadores de sondeos, como RealClearPolling, conceden en estos momentos a los demócratas una ventaja significativa en la carrera por la Cámara, actualmente de mayoría republicana. Los mercados de predicciones, por su parte, les conceden una ligera ventaja para recuperar el Senado. Sin embargo, nada está decidido: un Congreso dividido entre una Cámara demócrata y un Senado republicano sigue siendo una posibilidad creíble. A la inversa, actualmente parece poco probable que el Partido Republicano pueda mantener el control de las dos cámaras.
De estas elecciones dependerá sobre todo la trayectoria del gasto público. Los demócratas probablemente tratarán de dirigir un mayor porcentaje del gasto hacia la sanidad, las infraestructuras públicas y la transición energética. Los republicanos, en serios aprietos por el coste de la vida desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, seguramente pondrán más el acento en las reducciones de impuestos, la desregulación y el aumento del presupuesto de defensa. Sin embargo, tras estas propuestas divergentes se oculta un consenso poco cuestionado: el uso desmedido del endeudamiento público. Como ha observado Paul Ryan, antiguo presidente republicano de la Cámara de Representantes y tradicional defensor de la disciplina presupuestaria, «los dos partidos se han convertido en fuerzas populistas».
Sin embargo, esta dependencia del endeudamiento va a tener que afrontar en próximas fechas dos desafíos de gran calado. El primero es el techo de la deuda, es decir, el importe máximo de endeudamiento autorizado por el Congreso. Este está fijado actualmente en 41,1 billones de dólares, mientras que la deuda de la administración federal supera ya los 40 billones. En el perímetro más amplio que computa el FMI, la deuda bruta del conjunto de las administraciones públicas asciende al 126 % del PIB. En un contexto de déficit federal cercano al 6 % del PIB, el Bipartisan Policy Center estima que el techo podría alcanzarse entre finales del invierno y mediados del verano de 2027. Eso no provocaría un impago inmediato, ya que el Tesoro dispondría después de varios meses en los que aplicaría medidas extraordinarias antes de la verdadera fecha límite. Sin embargo, a menos que el parlamento saliente resuelva la cuestión antes de la toma de posesión del nuevo Congreso el 3 de enero de 2027, este plazo augura un nuevo enfrentamiento político especialmente tenso durante el próximo año. Aunque debería poder alcanzarse un acuerdo antes de la fecha límite, este podría venir precedido de fuertes tensiones políticas que provocarían un aumento de la volatilidad en unos mercados financieros inquietos ante la incertidumbre presupuestaria que emanaría de Washington.
Sin embargo, una vez elevado el techo de la deuda, un segundo desafío le espera a la deuda estadounidense, con independencia del resultado de las elecciones: ¿A qué coste podría seguir financiándose el Tesoro?
Actualmente, según la Congressional Budget Office (CBO), la carga neta de intereses representa ya el 3,3 % del PIB, cifra superior al presupuesto de defensa. Una parte de esta deuda se ha financiado a tipos muy bajos, típicos del periodo anterior a 2022, de ahí que esta carga esté llamada a aumentar por el incremento no solo del nivel de deuda, sino también del nivel de los tipos. En febrero de 2026, la CBO pronosticaba ya un nivel del 4,6 % en la carga neta de intereses en 2036, pero los tipos han subido desde entonces, lo que debería engordar progresivamente la factura. A ello se suma el hecho de que las necesidades de refinanciación de la administración pública compiten con la creciente movilización de capitales por parte de los actores del ecosistema de la IA, que deben financiar sus colosales inversiones. La consecuencia, como ha subrayado Larry Fink, el directivo de BlackRock, es que la competencia por el capital rara vez había sido tan feroz en EE. UU.
En este entorno tensionado, sería imprescindible que las inversiones en inteligencia artificial generasen mejoras notables de la productividad. En caso contrario, la competencia por el ahorro se traduciría en un coste del capital más elevado. Por lo tanto, la suerte de la deuda estadounidense está ligada, en parte, a la de la IA.
Ciertamente, por el momento los actores de la IA, a excepción de los más frágiles, están captando holgadamente los capitales que necesitan, al igual que el gobierno estadounidense. Por lo tanto, los electores pueden dejar de lado la cuestión de la deuda, aunque esta volverá inevitablemente al primer plano. Por lo tanto, es muy posible que la verdadera próxima cita política de la nación no tenga lugar la noche del 3 de noviembre de 2026, sino más bien a lo largo del año 2027, cuando los nuevos representantes electos deberán convencer a los inversores estadounidenses e internacionales de que sigan financiando al país a un coste asumible, en un mundo en el que la competencia por el capital, y no solo por los votantes, es feroz.
