Estos son los principales retos económicos del nuevo Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la composición del nuevo Ejecutivo, el segundo de coalición de la democracia. El también secretario general del PSOE ha optado por designar un Gabinete continuista y del mismo tamaño que el actual, al mantener las 22 carteras de la anterior legislatura. Las nuevas incorporaciones no han sido fichajes galácticos, ni perfiles técnicos, sino que han procedido del partido. 

El equipo económico del Gobierno se ha mantenido prácticamente sin cambios. "Será continuista en el área económica", ha reconocido Sánchez en la comparecencia institucional realizada en el palacio de La Moncloa. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño (independiente), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (PSOE), han mantenido sus carteras. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sido ascendida al ser designada vicepresidenta cuarta.

Las novedades se han producido en un segundo plano del área económica del Ejecutivo, ya que se han producido cambios en los departamentos de Transporte, Vivienda, Seguridad Social e Industria. El exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha sido nombrado ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; la actual titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana; el exalcalde Barcelona, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El titular hasta ahora de esta última cartera, José Luis Escrivá, ha sido nombrado ministro de Transformación Digital. Se trata de un departamento de nueva creación que hasta ahora dependía de Calviño. Con este nombramiento, Escrivá se perfila como el sustituto de la política gallega si esta es elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya elección está prevista para el 8 de diciembre.

El nuevo Gobierno afronta esta legislatura donde tendrá que asumir grandes retos económicos. Estos son algunos de ellos:

Ralentización económica 

La economía española ha recuperado por fin el nivel de producto interior bruto (PIB) previo a la irrupción de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el situación económica mundial ha continuado dominada por la incertidumbre, debido al aumento de las tensiones geopolíticas con la guerra de Ucrania y el conflicto bélico en Gaza.

Asimismo, se ha experimentado una ralentización del crecimiento económico mundial tras las subidas de tipos de interés aprobadas por los bancos centrales. La economía española registrará una expansión del 2,4% del PIB en 2023, pero crecerá solo un 1,7% en 2024, según las últimas previsiones de la Comisión Europea.  

Fondos europeos

Uno de los grandes retos del nuevo Ejecutivo será el despliegue de los fondos europeos. El Plan de Recuperación del Gobierno tenía como objetivo movilizar hasta 163.000 millones de euros entre 2021 y 2026 para transformar la economía española. 

Hasta finales de octubre, España ha recibido 37.037 millones de euros en el Tesoro español procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, aprobados por la Unión Europea para la recuperación económica después de la pandemia. Según el calendario previsto por el Gobierno, España podría recibir entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.

Reforma fiscal

El Ministerio de Hacienda tiene por delante otro de los grandes retos de la legislatura: la aprobación de una reforma fiscal en profundidad. El acuerdo de coalición firmado entre PSOE  y Sumar ya contemplaba este "Una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público", señalaba el documento.  

De hecho, la reforma fiscal fue una de las grandes asignaturas pendientes de la anterior legislatura, que tenía como objetivo equiparar la recaudación impositiva a los niveles de los países de la Unión Europea. Al igual que su antecesor, Montero designó un comité de expertos para estudiar esta cuestión, que llegó a presentar sus conclusiones. Sin embargo, la reforma no se llegó a aprobar en el anterior mandato por la irrupción de la pandemia del coronavirus, primero, y el estallido de la guerra de Ucrania, después. 

Reforma de la financiación autonómica

La ministra Montero también tendrá que negociar la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta negociación no será fácil, ya que existe una falta de consenso político que ha bloqueado la reforma durante casi una década.

También tendrá que llevar a cabo la condonación de una parte de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El PSOE pactó esta medida con el partido independentista catalán Junts, pero que se pretende extender al resto de regiones.

Pleno empleo y reducción de la jornada laboral 

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, indicó durante las negociaciones que la prioridad de la legislatura sería el pleno empleo. Actualmente, el paro en España se sitúa en el 11,84% en el tercer trimestre, según la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El objetivo sería situar la tasa de desempleo en torno al 8%. 

La reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno logró reducir la temporalidad en el empleo. Ahora, el objetivo es mejorar la calidad del empleo. El acuerdo entre PSOE y Sumar contemplaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales frente a las 40 horas actuales sin reducción salarial. 

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a aumentar el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio. En concreto, el Ejecutivo tiene intención de subir el SMI desde los 1.080 euros actuales hasta los 1.200 euros en la legislatura.

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