El Impuesto de Patrimonio se ha convertido en los últimos años en objeto de disputa política, por el debate sobre su conveniencia y el hecho de que, aunque se ejecute en todo el territorio nacional, su recaudación está cedida en un 100% a las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, que son las encargadas de regular todo lo referente al mínimo exento, tipo de gravamen, deducciones y bonificaciones de la cuota, lo que provoca a su vez que existan diferencias sustanciales dentro del Estado. Por poner un ejemplo, este impuesto está bonificado al 100% en Madrid mientras que en Cataluña existe un tipo aplicable en progresivo aumento, hasta alcanzar un tipo marginal del 2,75%.

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