¿Compraría acciones de una empresa llamada Estado?

Veamos, se trata de una empresa que claramente domina un mercado, presta unos servicios indeterminados a unos clientes que lo son obligatoriamente, es decir un monopolio por la fuerza. Los clientes solo tienen dos opciones: la pertenencia obediente o la huida, si pueden.

Los precios podrían ser infinitos pero la optimización de los ingresos hace que la carga fiscal suela mantenerse en el nivel de máxima recaudación.

Las barreras de entrada para los competidores son insalvables, se trata de un mercado acotado a un territorio por fronteras y defendido militarmente. Ningún otro Estado puede ofertar ahí servicios.

Los flujos de caja están garantizados por la imposición y la expropiación, además del monopolio de la emisión de moneda y de la manipulación de su precio.

Para lo cual se cuenta con un nutrido ejercito de legisladores, gobernantes, sindicalistas, burócratas, inspectores de hacienda, trabajo, sanidad, educación…, policías, fiscales, jueces, carceleros, soldados… y otros entes paraestatales parasitarios que conforman la casta hegemónica que se asegura la prosperidad de la propia empresa, sus trabajadores y allegados.

Para que el entramado se sostenga en el tiempo se arbitra un sistema democrático de mayorías, estrictamente suficientes, que obtengan del régimen rentas netas positivas parasitando al resto. Si la mayoría es excesiva el volumen de lo parasitable se aminora y eso no interesa.

Si invertimos en las acciones de esta empresa estamos confiando en que la amenaza de violencia futura o la violencia misma siga produciendo beneficios.

Pero no, no podemos comprar acciones de esta empresa.

Es peor, podemos comprar deuda pública, obligaciones de pago de generaciones de clientes futuros que aún no han nacido, destinados a la esclavitud a tiempo parcial.

Nadie compraría bonos corporativos de una empresa así.

Y nosotros estamos preocupados por la responsabilidad y el compromiso ético de las empresas.