Cambio hacia la ‘S’
Hasta la fecha, la «E» ha dominado el enfoque dentro del panorama «ESG», con preocupaciones medioambientales como el cambio climático en el lugar más alto de la lista de prioridades de los inversores, mientras que la «S» se ha quedado rezagada. La regulación sobre las cuestiones de los ESG se ha centrado de manera abrumadora en la «E» y la «G», algo que también vemos en términos de la disponibilidad de datos corporativos. Esto se debe en parte a que las cuestiones sociales son un poco más difíciles de definir y son de naturaleza más cualitativa. Esto ha sido evidente incluso en términos de la disparidad en las normas y calificaciones disponibles para los inversores entre la «E», la «S» y la «G». El mundo financiero y de la inversión ha identificado una serie de herramientas para medir y reportar los impactos ambientales, que van desde la metodología estandarizada hasta la medición de las huellas de carbono hasta estándares de reporte consistentes dentro de las cuentas corporativas (tales como las propuestas por el TCFD, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones relacionadas con el Clima). Los informes sociales están muy rezagados con respecto a esto, y aún se ha alcanzado poco consenso sobre cómo o qué deberían informar las empresas.
Pero esto está cambiando. La regulación está cada vez más definida en términos de cuestiones sociales y –como fue el caso de los informes medioambientales– los informes sociales están pasando de ser voluntarios a ser obligatorios. En Europa, por ejemplo, se espera que la Comisión Europea emita una directiva que exige la debida diligencia en materia de derechos humanos para las empresas con sede (o con operaciones) en la UE. El Reglamento de divulgación de información financiera sostenible de la UE (SFDR), que entró en vigor en marzo de 2021, exigirá a los participantes en el mercado financiero que revelen sobre la sostenibilidad de sus fondos —incluidos los impactos adversos— con la primera notificación obligatoria requerida en julio de 2022.7 Si bien el Reglamento sobre Taxonomía de la UE, que está creando un marco mediante el cual las actividades económicas pueden evaluarse como sostenibles o no, se centra actualmente en la identificación de criterios detallados para la sostenibilidad medioambiental, sus próximos pasos serán abordar los criterios sociales.
Dado que los inversores deben revelar la sostenibilidad de sus fondos, las empresas en las que invierten deberán informar de la información pertinente. Este año, la Comisión Europea adoptó la propuesta de Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que sustituirá a la actual Directiva de Información no Financiera (NFRD) de la UE en 2023, para exigir a las empresas que proporcionen información de sostenibilidad a los inversores, incluidos los impactos sociales y de los empleados, el respeto de los derechos humanos y las cuestiones anticorrupción y antisoborno. En vista de que la administración Biden-Harris aboga por una mayor divulgación corporativa sobre cuestiones como los abusos contra los derechos humanos, es posible que Estados Unidos no esté muy por detrás de Europa.
Las agencias de calificación también están reconociendo la importancia de las consideraciones «S» en la calidad del crédito del emisor. Fitch considera específicamente los «elementos de riesgo» sociales, como los derechos humanos, las relaciones comunitarias, las prácticas laborales, la exposición a los impactos sociales y la seguridad de los datos. Mientras que S&P, en el contexto de la pandemia, se ha comprometido a vigilar los efectos de la gestión de la seguridad operacional y el compromiso de la comunidad en la calidad del crédito a lo largo de horizontes de tiempo más largos.
Los movimientos recientes de justicia social y la cultura de "alzar la voz" enfatizan cómo las personas están exigiendo más de las empresas en las que invierten. De hecho, un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos subraya el hecho de que «los inversores buscan cada vez más beneficios financieros mejorados con el tiempo y la alineación social de sus inversiones para maximizar los beneficios financieros y sociales». Esto es particularmente cierto entre los inversores más jóvenes, que «estuvieron más atentos a las acciones de las empresas en respuesta a la pandemia de Covid-19… y a la adversidad desproporcionada financiera y social de Covid-19».11 Con una herencia de $30 trillones americanos en los próximos 40 años, se trata de una clara oportunidad que las empresas e inversores pueden aprovechar para satisfacer la demanda.
