De cara a respaldar el objetivo de la Unión Europea de reducir hasta cero las emisiones de carbono antes de 2050, Ursula von der Leyen ha propuesto que la Unión Europea (UE) destine un billón de euros a proyectos ecológicos. Para financiar esta iniciativa, ha sugerido modificar el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo para convertirlo en el primer banco climático del mundo. Así, cabría preguntarse cuál sería el modus operandi y qué implicaciones conllevaría este proyecto.

La única forma de proceder es permitir al banco financiarse lo suficiente y mantener un volumen de capital adecuado al tiempo que se beneficia de la política acomodaticia del Banco Central Europeo (BCE). En términos generales, el banco necesitaría un 10% del capital para mantener una calificación crediticia elevada. Así, el Banco Europeo de Inversiones necesitaría financiación por valor de 100.000 millones de euros durante los próximos cinco a diez años. Para poner este dato en perspectiva, cabe recordar que el presupuesto de la UE para 2019 era de 166.000 millones de euros. En otras palabras, Von der Leyen necesitará el apoyo de los Estados miembros, a los que se les solicitará que contribuyan al proyecto. 

Este tipo de banco climático se centraría probablemente en infraestructuras solares, eólicas, eléctricas y de gas natural. Contribuiría a la financiación de start-ups en incubadoras y a la inversión en inteligencia artificial: cuanto más inteligentes sean los sistemas de transporte, menos energía consumirán. Otras posibles inversiones incluyen las empresas de transporte compartido —conforme disminuye la necesidad de disponer de un vehículo en propiedad— y las infraestructuras para vehículos eléctricos, p. ej., inversiones en el desarrollo de más plantas de producción de baterías y en nuevas minas de materiales peligrosos en países seguros. 

Un banco climático ayudaría a que la Unión Europea alcanzase su objetivo más rápidamente, pero también podría entrañar un coste en términos de competitividad. Así, resulta probable que la UE decida gravar a los países que contaminen en los próximos cinco a diez años.

Si miramos el lado positivo, esta iniciativa se traduciría en un aumento del número de organismos supranacionales y de agencias gubernamentales disponibles para los inversores en deuda pública, incluido el BCE, de tal forma que crearía un círculo virtuoso. Uno de los beneficios a corto plazo es que esto seguramente llevaría al BCE a ampliar la gama de activos que adquiere de cara a incluir los títulos de deuda emitida por organismos supranacionales europeos. Por lo general, el BEI y el Banco Mundial operan en segmentos de inversión más seguros y crean vehículos para que los inversores privados inviertan en proyectos que conllevan un mayor riesgo.

Por último, no existen implicaciones inmediatas en términos de inversiones, tan solo la percepción de que la balanza se está decantando hacia la sostenibilidad, lo que está modificando el tipo de empresas que demandan los inversores y el comportamiento de estas. Por ejemplo, los inversores están liquidando de forma creciente sus inversiones en la industria del carbón, una fuente de energía barata pero contaminante.

Puede que la UE esté implementando los cambios con lentitud, pero está emprendiendo con decisión un nuevo rumbo hacia un futuro más sostenible y más seguro.

Sébastien Galy, responsable sénior de estrategia macroeconómica de Nordea Asset Management

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