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Fidelity: Las redes sociales necesitan directrices independientes

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Las cuestiones relativas a la libertad de expresión en las redes sociales, las políticas de las empresas de Internet sobre las opiniones de los usuarios y la intervención de los estados en el sector tecnológico están convirtiéndose en factores imposibles de soslayar para los inversores. Tras una campaña a las elecciones presidenciales estadounidenses especialmente bronca, en nuestra opinión es importante que las empresas de redes sociales cuenten con límites externos al discurso. Entretanto, las empresas de redes sociales deben fijar normas transparentes y no partidistas para el discurso que se expresa en sus plataformas con comités de supervisión independientes para garantizar la equidad y la coherencia, por el bien del debate democrático y su propia viabilidad empresarial a largo plazo.

Abordar la libertad de expresión a través de la ética digital

La suspensión y expulsión del expresidente estadounidense Donald Trump de varias redes sociales es un ejemplo de alto perfil del debate entre la libertad de expresión y las opiniones responsables en Internet que lleva agitándose desde hace algún tiempo. El problema para las redes sociales es dónde trazar la línea entre el discurso aceptable y el inaceptable y, ya puestos, ¿acaso deberían ser ellas las que establezcan la distinción?

Antes de abordar estas complejas cuestiones, conviene reiterar la postura desde la que abordamos este tema. Como gestores de un fondo que invierte -entre otros- en valores tecnológicos, es nuestra responsabilidad interesarnos por estos debates, ya que afectan directamente a la sostenibilidad y los resultados a largo plazo de las empresas de nuestro universo de inversión. En un plano más general, nos adherimos a la ética digital, sobre todo en relación con:

  • La desinformación: el compromiso con un debate veraz y honesto en las plataformas.
  • El fraude electrónico: proteger a los usuarios frente a la delincuencia en Internet.
  • La privacidad: garantizar la privacidad de los usuarios y el control sobre sus datos.
  • El bienestar en Internet: combatir los contenidos perjudiciales (p. ej., racismo, discriminación sexual, incitación a cometer delitos, etc.) y promover el bienestar del usuario en el sentido más amplio.

En cuanto a la libertad de expresión, creemos que es una responsabilidad ética de las redes sociales dominantes ofrecer un abanico de opiniones de los usuarios, con restricciones específicas contra los contenidos nocivos únicamente cuando sea necesario. Los comités de supervisión independientes creados por las redes sociales pueden ser una herramienta importante para conseguirlo a la espera de que se definan marcos donde el conjunto de la sociedad tenga un mayor peso. Pensamos que este enfoque es coherente con los intereses empresariales a largo plazo de las empresas de redes sociales.

¿Quién traza la línea entre libertad de expresión e incitación?

En estos momento, las redes sociales disfrutan de lo mejor de los dos mundos: en EE.UU., el artículo 230 de la Communications Decency Act establece que no serán responsables por las opiniones vertidas en sus plataformas, al tiempo que se reservan el derecho de bloquear a quien quieran por cualquier motivo. Eso da a las empresas de redes sociales un poder inmenso que a veces pueden esgrimir de forma desigual.

En 2017, la empresa de infraestructuras web Cloudflare retiró una página web de contenido neonazi después de una concentración violenta de extrema derecha en Charlottesville (Virginia). Aunque existen justificaciones innegablemente sólidas para tomar esta decisión, lo que captó nuestra atención fueron las posturas contrapuestas de la empresa. Anteriormente, los ejecutivos de Cloudflare habían defendido el hecho de alojar foros con contenidos desagradables apelando a la libertad de expresión, pero tras el incidente de Charlottesville el consejero delegado comentó: “Literalmente, me levanté de mal humor y decidí que alguien tenía que quedarse sin acceso a Internet”.

Puede que fuera un poco impertinente, pero lo que sus afirmaciones y otras medidas tomadas por las redes sociales demuestran es que existe una falta de marcos claramente definidos en torno a la moderación de las opiniones en Internet. No debería ser tarea únicamente de las empresas fajarse contra cuestiones filosóficas sobre la libertad de expresión que afectan a toda la sociedad. En los países democráticos, los gobiernos y los reguladores independientes deberían desempeñar un papel protagonista en la definición de parámetros de expresión para publicar en Internet, con una marcada voluntad de fomentar el debate abierto.

Facebook ha dado visibilidad a esta tendencia. Su consejero delegado, Mark Zuckerberg, comentó recientemente lo siguiente: “Nos ayudaría mucho a nosotros y al sector de Internet en general que hubiera normas y expectativas claras en algunas de estas cuestiones sociales que giran en torno a cómo manejar el contenido, cómo gestionar las elecciones y qué normas de privacidad quieren instaurar los gobiernos, porque todas estas preguntas demandan equilibrios”.

“Las malas ideas mueren a la luz del sol y prosperan en las sombras”

En ausencia de directrices externas claras sobre el discurso público, las empresas de redes sociales deben dar un paso al frente y realizar tareas de vigilancia en sus plataformas. El problema se resolvería en gran parte si se fijaran políticas inequívocas sobre qué contenido es permisible y una jerarquía exhaustiva y transparente de posibles acciones contra los infractores. Algunos contenidos están prohibidos por razones obvias: violencia, pornografía, racismo, discriminación sexual y afirmaciones claramente falsas y/o peligrosas, ya que generan perjuicios y desigualdad de oportunidades. Pero existen otras áreas más polémicas.

YouTube prohibió recientemente UK TalkRadio alegando que había “publicado material que contradecía los consejos de los expertos sobre la pandemia de coronavirus”, para poco después revertir su decisión tras las quejas del público. El problema es que los consejos de los expertos sobre la pandemia han cambiado en algunos aspectos fundamentales. La pasada primavera, por ejemplo, las autoridades sanitarias de EE.UU., Reino Unido y otros países argumentaban que las mascarillas no reducían la transmisión del coronavirus y que no eran necesarias. Ahora son obligatorias en diversos lugares públicos. No estamos disculpando que se contravengan las directrices de los gobiernos, pero pensamos que es< justo y saludable debatir ideas libremente sin miedo a represalias con vistas a alcanzar un consenso en la sociedad. Es precisamente este proceso el que nos lleva a decisiones sensatas que benefician a todos.

También está la función que desempeñan las redes sociales en la esfera política. Durante la campaña a las elecciones estadounidenses de 2020, el New York Post publicó un reportaje en el que cuestionaba la veracidad de las declaraciones de impuestos del hijo de Joe Biden. Las redes sociales borraron la noticia. La calidad de la investigación que sustentaba el artículo del Post en ese momento era debatible, aunque después de las elecciones el Departamento de Justicia confirmó la apertura de una investigación sobre los asuntos tributarios de Hunter Biden. La cuestión general gira en torno a los procesos internos que rigen estas decisiones en las empresas de redes sociales y el grado de equidad y coherencia con que se aplican al discurso público en todo el espectro político. Nos resulta imposible saber qué impacto tuvo ese suceso (u otros, como la segunda y ampliamente publicitada investigación del FBI sobre la candidata Hillary Clinton y su uso de servidores privados para correos electrónicos de trabajo, anunciada poco antes de las elecciones de 2016) en los resultados electorales, pero sí demuestra las repercusiones de las decisiones sobre cobertura mediática de las redes sociales.

Otra dimensión del debate sobre la libertad de expresión en Internet es la posibilidad de comportamientos monopolísticos o concertados. Parler, un foro de ideología conservadora/de derechas vio cómo su aplicación era retirada de las tiendas de Apple y Google tras la violencia que se desató en Washington durante una sesión del Congreso para aprobar el recuento electoral. Parler fue retirada supuestamente por alentar la violencia y por utilizarse, en parte, para coordinar las protestas. Posteriormente, Amazon Web Services rehusó ofrecer alojamiento en la nube a Parler, lo que de forma efectiva impidió el acceso de los usuarios. Con independencia de si los gigantes tecnológicos tenían o no motivos justificados para retirar Parler, el incidente demuestra la vulnerabilidad de las aplicaciones de terceros a la hora de llegar a una audiencia y el poder de las grandes tecnológicas para controlar la agenda.

Por Jon Guinness y Sumant Wahi, gestores de fondos de renta variable

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