Revalorizar, capitalizar o jubilarse antes: qué proponen los partidos sobre pensiones el 29N

Los españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre, tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez a comienzos de octubre. Ese día se celebran elecciones generales en las que los ciudadanos elegirán a 350 diputados del Congreso y 209 miembros del Senado.

Las pensiones van a jugar un papel fundamental en la campaña. Estas prestaciones sociales representan la mayor partida del gasto público. Los principales partidos políticos que se presentan a los comicios llegan con propuestas muy distintas sobre la revalorización, la edad de jubilación y la financiación del sistema.

La Seguridad Social abonó en octubre 10.565.782 pensiones contributivas a cerca de 9,6 millones de personas, con una nómina de 14.540 millones de euros, según los datos publicados el 27 de octubre por el organismo. La pensión media de jubilación se situó en 1.577,6 euros al mes, un 4,5% más que un año antes.

España destinará este año más de 230.000 millones de euros a las pensiones contributivas, el equivalente al 13% del PIB y un 5,8% más que en 2025, según las estimaciones de la consultora KPMG. Las pensiones, el desempleo y el resto de prestaciones sociales absorbieron en 2023 cuatro de cada diez euros del gasto público, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La sostenibilidad del sistema de pensiones no es un tema nuevo, sino que centra el debate político desde hace más de una década. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que desligó la subida de las pensiones del índice de precios al consumo (IPC). El nuevo índice de revalorización garantizaba una subida mínima del 0,25% al año. Además, el factor de sostenibilidad iba a ajustar desde 2019 las nuevas pensiones a la esperanza de vida.

Las pensiones subieron un 0,25% cada año entre 2014 y 2017. Tras las movilizaciones de pensionistas de 2018, el Ejecutivo de Rajoy pactó con el PNV en los Presupuestos de ese año una subida del 1,6%, la revalorización con el IPC en 2019 y el aplazamiento del factor de sostenibilidad hasta 2023.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa tras la moción de censura de 2018, derogó ambos mecanismos con la Ley 21/2021, que recuperó la revalorización automática con el IPC medio entre diciembre y noviembre. Posteriormente, completó la reforma en el año 2023 con nuevas medidas para reforzar los ingresos del sistema.

Con esa fórmula, las pensiones contributivas subieron un 2,7% en 2026. Las pensiones mínimas lo hicieron un 7,07%, y las no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 11,4%, según el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero. La pensión máxima quedó en 3.359,60 euros al mes.

Aquella subida pasó por el Congreso con votaciones divididas. El 27 de enero, PP, Vox y Junts tumbaron el decreto que incluía la revalorización junto a otras medidas sociales. El Gobierno la aprobó después en un decreto separado, convalidado el 26 de febrero con el único voto en contra de Vox. La subida de las pensiones en 2027 se calculará con la misma fórmula.

¿Qué proponen los partidos para las pensiones de cara a las elecciones generales? La mayoría de los partidos no ha hecho público todavía su programa electoral para el 29N. Por eso, las propuestas que recoge este artículo proceden de documentos de precampaña, de declaraciones de sus dirigentes en mítines y entrevistas y, en algunos casos, de sus programas de 2023.

¿Qué propone el PP para las pensiones?

El Partido Popular (PP), que lidera Alberto Núñez Feijóo, recoge las pensiones en su Contrato con España, el documento de compromisos que presentó el 19 de octubre en Madrid como paso previo al programa. Uno de sus puntos es "Garantizar las pensiones actuales y futuras".

Feijóo concretó ese compromiso el pasado 13 de octubre en dos frentes: revalorizar las pensiones con el IPC y garantizar un sistema público viable para quienes hoy cotizan. "No habrá que elegir. Doy mi palabra de que haremos las dos cosas", aseguró en un acto en Huesca. "Los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable", añadió.

Ese mismo día el líder popular reconoció las dificultades del sistema en una entrevista en esRadio. "Sé que tiene un déficit enorme y sé que el boom de natalidad de los que hemos nacido entre los años 60 y los años 70 lo va a poner muy difícil", afirmó. Su respuesta pasa por mejorar la productividad de la economía española. "El sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso", subrayó.

En noviembre de 2025, el partido ya había anunciado una proposición de ley para garantizar la actualización de las pensiones aunque no haya Presupuestos aprobados.

El programa electoral, que coordina la vicesecretaria Alma Ezcurra, sigue en elaboración. "No se van a bajar las pensiones ni se van a subir las cotizaciones sociales a los trabajadores", han avanzado fuentes del partido a Artículo14. A principios de octubre, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendió la necesidad de reformar el sistema por su sostenibilidad.

"Garantizaremos la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo", recogía el programa con el que el PP concurrió a las generales de 2023, que no vinculaba de forma expresa esa subida al IPC.

El PSOE promete cuatro años más de IPC y blindarlo en la Constitución

El PSOE, la formación que lidera Pedro Sánchez, ha convertido la revalorización con el IPC en su principal compromiso en esta materia. "Cuatro años más de Gobierno progresista, cuatro años más de avances sociales y cero recortes, y cuatro años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC. Ese es mi compromiso", prometió Sánchez el pasado 14 de octubre en Zaragoza.

En ese mismo acto, el presidente del Gobierno y candidato socialista se fijó una meta para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. "Vamos a acabar la legislatura con 20.000 millones en la hucha de las pensiones", afirmó. Al día siguiente, Sánchez avanzó que la subida de 2027 se aprobará antes de que termine el año.

El líder del PSOE ha ido más allá al prometer una reforma constitucional para asegurar la revalorización de las pensiones en función de la inflación. "En la próxima legislatura reformaremos la Constitución para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC", prometió Sánchez el pasado 26 de octubre, en Gijón.

La propuesta no es nueva. "Blindaremos el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional", recogía ya el programa del PSOE para las generales de 2023, que se comprometía también a que el Fondo de Reserva superara los 20.000 millones de euros en 2027.

La revalorización anual ya figura en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. La Constitución establece por su parte en el artículo 50 que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". La propuesta socialista consiste en llevar al texto constitucional el vínculo con el IPC. Una reforma de este tipo requiere el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado, según el artículo 167.

El PSOE también ha defendido mantener la reforma pactada con los agentes sociales en 2021 y 2023. Además del IPC, aquella reforma creó el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una cotización adicional que alimenta el Fondo de Reserva, y elevó de forma progresiva las bases máximas de cotización. El programa lo coordina la presidenta del partido, Cristina Narbona.

Vox plantea un sistema mixto con capitalización

Vox, el partido que preside Santiago Abascal, ha abierto la precampaña con las pensiones como uno de sus tres ejes. Abascal ha negado que la formación quiera privatizarlas. "Nos da igual el modelo y la fórmula, pero las pensiones de los mayores que las han ganado después de trabajar toda una vida se van a pagar al precio que sea y como sea", aseguró el 11 de octubre en un mitin en Estepona (Málaga).

El partido sí propone transformar el sistema de pensiones en un modelo mixto. "La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos", defendió su secretario general, José María Figaredo, en una entrevista con El Debate a comienzos de octubre.

Actualmente, el sistema de pensiones es un sistema de reparto, es decir, las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones que se pagan hoy. En cambio, un sistema de capitalización implica que cada trabajador acumula sus aportaciones, que se invierten en activos financieros para pagar su propia pensión futura. El programa económico y de vivienda que Vox aprobó en junio de 2025 propone iniciar la capitalización de un fondo de pensiones público y avanzar hacia un modelo mixto con el de Suecia como referencia. No detalla cómo sería la transición ni qué parte de la pensión dependería de cada pilar.

El portavoz andaluz del partido, Javier Cortés, ha negado que la privatización figure en el programa electoral. La única medida concreta sobre pensiones de su programa de 2023 era fiscal: "Las pensiones contributivas estarán exentas de IRPF". El documento proponía además desmontar el sistema autonómico y reducir ministerios, consejerías y parlamentos para aumentar el gasto público en sanidad, educación, dependencia e infraestructuras, pero no vinculaba ese ahorro a las pensiones.

¿Qué proponen Frente Amplio y Podemos?

Frente Amplio y Podemos, candidaturas a la izquierda del PSOE, han puesto el foco en la edad de jubilación y han prometido rebajarla. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en 2026 en los 66 años y 10 meses o en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses.

Frente Amplio, la coalición de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns que encabeza Ada Colau, plantea que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 1.221 euros en 14 pagas para 2026, y fijar la edad máxima de jubilación en los 65 años. "Si sube el SMI, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo y que ninguna esté por debajo", señaló Colau el 24 de octubre en Madrid, durante la manifestación convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).

La coalición calcula que ambas medidas costarían unos 20.000 millones de euros al año y propone financiarlas con nuevos impuestos. Su cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado (Más Madrid), defendió en el mismo acto que el sistema público es sostenible y puede mejorarse. El programa electoral de Sumar de 2023 añadía subir las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la inflación hasta el umbral de la pobreza y que el Estado financie la mitad del sistema de dependencia. "Impulsaremos una reforma constitucional que garantice sólidamente los derechos sociales y, en concreto, que blinde el derecho a la Seguridad Social", recogía también el documento.

Podemos, que concurre por separado con Irene Montero como candidata, ha propuesto este viernes bajar la edad de jubilación a los 63 años y subir las pensiones mínimas y las no contributivas. Montero ha defendido el carácter público del sistema durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, ha rechazado los modelos inspirados en la llamada mochila austriaca y ha advertido de que el aumento del gasto en defensa puede salir de la sanidad y las pensiones.

¿Qué proponen el resto de partidos?

Las formaciones nacionalistas y regionalistas centran sus propuestas en las pensiones mínimas, en la actualización según el coste de la vida de cada territorio y en el traspaso de competencias de la Seguridad Social. La mayoría tampoco ha publicado su programa para el 29N, por lo que su principal referencia siguen siendo los de 2023.

ERC: un IPC distinto para cada territorio

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido que preside Oriol Junqueras, presentó este jueves su programa electoral. La formación independentista propone actualizar las prestaciones con un IPC territorializado, es decir, conforme a la evolución de los precios en cada territorio y no con la media nacional. El documento plantea además elevar el salario mínimo interprofesional estatal hasta el 60% del salario medio y crear un salario mínimo catalán de 1.460 euros.

Su programa de 2023 iba más allá en materia de jubilación. Proponía rebajar la edad ordinaria a los 65 años sin exigir un mínimo de cotización, permitir que cada trabajador eligiera los 15 mejores años de su vida laboral para calcular la pensión y ligar la subida de las pensiones mínimas al salario mínimo. Reclamaba también una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para cuantificar los llamados gastos impropios, los que no corresponden a pensiones contributivas.

Junts: revalorización con el IPC, pero votada por separado

Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, defiende revalorizar las pensiones con el IPC, pero sin que esa subida se vote junto a otras medidas. El 27 de enero votó en contra del decreto ómnibus que incluía la subida del 2,7% junto a otras medidas sociales. "El PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político", criticó entonces su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. "La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver", añadió.

El partido registró a la vez una proposición de ley para garantizar la subida de 2026 y la revalorización automática de las pensiones con el IPC, y apoyó después el decreto que solo incluía las pensiones. Su programa de 2023 planteaba hacer converger la pensión mínima con el salario mínimo, tener en cuenta el coste de la vida de cada territorio en el cálculo de las prestaciones y vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. También defendía extender los planes complementarios de capitalización pactados en convenio a pymes y autónomos, facilitar compatibilizar pensión y trabajo y traspasar a Cataluña las competencias de la Seguridad Social.

PNV: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), que preside Aitor Esteban, defiende el sistema público de reparto. Su principal reivindicación es que el Estado traspase a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, recogida en el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika. El Estatuto prevé que ese traspaso se haga "dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad", es decir, sin romper la caja única del sistema. El Gobierno vasco que preside Imanol Pradales mantiene abierta esa negociación con el Ejecutivo central.

Su programa de 2023 pedía además que la revalorización con el IPC no tuviera marcha atrás, que las cotizaciones financiaran solo prestaciones contributivas y que los gastos impropios pasaran a los Presupuestos. Proponía también recuperar el límite del 3% para disponer del Fondo de Reserva, medidas contra la brecha de género y un segundo pilar de planes de empresa pactados en la negociación colectiva como complemento del sistema público.

EH Bildu: pensión mínima de 1.080 euros

EH Bildu, la coalición que lidera Arnaldo Otegi, centra su propuesta en las pensiones mínimas. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29N, pedía subirlas de inmediato hasta los 1.080 euros al mes, la cifra que reclama desde 2018 el movimiento de pensionistas vasco. El Congreso ya rechazó en 2020 una iniciativa de la coalición con esa cuantía.

La formación rechaza retrasar la edad de jubilación o ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Reclama también el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a las instituciones vascas y navarras.

BNG: mínimas al 60% del salario medio

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), que encabeza Ana Pontón, aspira a subir las pensiones mínimas hasta el 60% del salario medio. Su programa de 2023 pedía además revalorizar todas las pensiones cada año con el IPC real, recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y la parcial a los 61 y calcular la pensión con los diez años que elija el trabajador. Para financiarlo, proponía recurrir también a los Presupuestos y a impuestos sobre la riqueza. A largo plazo reclama el traspaso de la Seguridad Social a Galicia.

Coalición Canaria: las pensiones no contributivas

Coalición Canaria (CC), el partido del presidente canario Fernando Clavijo, no ha presentado un plan de pensiones propio para el 29N. El manifiesto que firmó con otras fuerzas políticas canarias para las generales de 2023 se comprometía a garantizar "pensiones dignas y actualizadas en función del coste de la vida" y a impulsar un pacto de Estado sobre pensiones en la comisión del Pacto de Toledo.

Su principal batalla en esta materia ha sido la de las pensiones no contributivas, que cobran unas 42.000 personas en las islas. El Gobierno de Canarias aprobó para 2026 un complemento de 400 euros anuales para sus perceptores, pagado en dos abonos, y acordó en mayo con el Estado la fórmula para que no les haga perder la pensión. Su portavoz en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado que la ley de la Seguridad Social permita compatibilizar de forma estable ambas prestaciones.

Democracia 21: una reflexión sobre la reforma del sistema

Democracia 21 es uno de los partidos que se estrenan en estas elecciones. Lo impulsa la abogada Miriam González, que presentó la candidatura el 10 de octubre en Madrid, y concurre solo por las circunscripciones de Madrid y Barcelona. La formación no ha publicado todavía propuestas concretas sobre pensiones.

Su candidata sí ha fijado posición. "No se puede crear ninguna duda sobre la viabilidad y que las pensiones están aseguradas", ha afirmado en una entrevista con Infobae publicada el 31 de octubre, en la que ha criticado los mensajes de PP y Vox sobre el sistema. "Sí que es cierto que hay que empezar una reflexión sobre una posible reforma del sistema", ha añadido. González ha planteado que esa reforma sea gradual y ha propuesto abrir un proceso de consulta ciudadana, como los que se han celebrado en Irlanda.

El resto de su programa económico se dirige sobre todo a los jóvenes. Propone eliminar los impuestos ligados a la compra de vivienda para los menores de 35 años y destinar a un fondo de vivienda asequible los más de 10.000 millones de fondos europeos sin ejecutar. Defiende también aliviar la presión fiscal sin recortar la calidad de los servicios públicos.

SALF: rebaja del IRPF para la mayoría de pensionistas

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Luis Pérez, Alvise, que concurre por primera vez a unas generales, no ha publicado una propuesta sobre la revalorización, la edad de jubilación o las cotizaciones. Su medida que más afecta a los pensionistas es fiscal: eximir del IRPF a quien ingrese menos de 35.000 euros al año, lo que alcanzaría a la gran mayoría de las pensiones. Para sostener el sistema a largo plazo apuesta por la natalidad.

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