El Estado ya controla un 10% de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado este lunes que su participación en el capital social de la empresa de telecomunicaciones ha llegado al 10%, según ha informado en un comunicado. Se ha logrado así cumplir con el objetivo del Gobierno anunciado a finales de año.
La entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda ha adquirido un total de 567.016.155 acciones de Telefónica con un precio medio de 4,0295 euros por acción. El importe de la operación asciende a cerca de 2.285 millones de euros.
"La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera", ha detallado la entidad pública.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció a finales del año pasado su intención de controlar una participación del 10% de Telefónica. El Ejecutivo defendió esta operación por el carácter estratégico de la multinacional española presidida por José María Álvarez-Pallete. El anuncio se produjo pocos meses después que Arabia Saudí, a través de Saudi Telecom Company (STC), anunciara su intención de comprar hasta un 9,9% del capital.
La entrada de la SEPI en el accionariado de Telefónica se ha llevado a cabo de forma acelerada. Antes del anuncio de este jueves, la SEPI comunicó el 25 de marzo que había adquirido una participación del 3,044% en el accionariado. Posteriormente, el pasado 15 de abril informó de que ya poseía el 5,034% del capital; el 26 de abril comunicó una participación del 6,169% y el 8 de mayo comunicó un aumento al 7,079%; el 14 de mayo difundió que había alcanzado el 8,53% y, dos días después, informó de una participación del 9,038%.
Posibilidad de tener dos consejeros
El consejo de administración de Telefónica aprobó por unanimidad el pasado 8 de mayo aceptar la renuncia de Carmen García de Andrés como consejera y el nombramiento en su lugar de Carlos Ocaña Orbis, en representación de la SEPI.
Tras el nombramiento de Ocaña, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno pueda nombrar un segundo consejero en representación de la SEPI cuando se alcance el objetivo del 10% del capital de la compañía.
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