Invertir será más fácil: Bruselas elimina trabas burocráticas a productos sencillos y blinda al ahorrador

Bruselas sigue avanzando en uno de los grandes proyectos que le está costando arrancar. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado por fin un acuerdo sobre la Estrategia de Inversión Minorista (Retail Investment Strategy, RIS), sobre la que llevan trabajando desde 2023.

El objetivo de Bruselas es dotar a los inversores minoristas de un marco legal que facilite sus decisiones de inversión y que les proporcione un elevado nivel de protección. En el camino se ha encontrado con la oposición de distintos actores financieros y ha ido recalibrando las propuestas. En esta última entrega, la normativa busca facilitar el acceso a productos sencillos y garantizar, entre otras cuestiones, que cualquier incentivo que reciban las entidades comercializadoras se traduzca en un beneficio tangible para el cliente.

"Es un proyecto que lleva tiempo en tramitación y parece que ahora sí hay acuerdo político. Todo ello, con un gran componente de protección al inversor, en la contratación y comparación de productos", destaca Paula de Biase, socia directora del área de FinTech y Regulación Financiera (FSR) en Baker McKenzie en España.

Lo pactado ahora recoge cambios que tendrán que terminar que ser definidos. Los trabajos técnicos en torno a este nuevo marco continuarán hasta principios de 2026 para completar los textos legales. Una vez finalizada esta fase, los textos tienen que ser ratificados por el Parlamento Europeo y por el Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y cuando esto suceda, los Estados miembros dispondrán de 24 meses para transponer las normas.

Estas son las novedades para la Estrategia de Inversión Minorista anunciadas por la UE:

Lupa a la rentabilidad y transparencia de costes

El acuerdo introduce medidas para garantizar que los inversores minoristas puedan comparar productos de inversión y entender su rentabilidad real. Las empresas de servicios de inversión minorista estarán obligadas a determinar y cuantificar todos los costes y gastos soportados por los inversores, para que los productos sean transparentes y estén justificados.

Se introduce la obligación de evaluar si estos costes están justificados mediante el uso de "agrupamientos entre pares" (benchmarks) y, en caso de no cumplir con los estándares de eficiencia, los productos no podrán autorizarse para su venta.

Desde Efama han expresado su preocupación sobre la introducción de la evaluación del Value for Money (VfM). Según expresan, este tipo de evaluaciones "pueden convertirse rápidamente en un ejercicio complejo y oneroso que aporta un valor poco claro para los inversores". La asociación europea de gestoras recuerda que el marco de la RIS aún está en desarrollo y que "sigue siendo incierto cómo se podría evaluar el VfM para productos de largo plazo", ya que actualmente no tienen grupos de referencia para su comparación.

Coto a los incentivos y protección contra conflictos de interés

Uno de los puntos más críticos afecta a los distribuidores (bancos, aseguradoras, fintechs y sociedades de valores). El acuerdo refuerza las medidas contra los conflictos de intereses mediante normas estrictas sobre los incentivos, en forma de retrocesiones o de comisiones de terceros.

Se acuerda introducir una prueba de incentivos o inducement test orientada a garantizar que el cliente reciba un beneficio cuantificable y tangible cuando la entidad perciba dichos pagos. No obstante, como señalan desde finReg360, por ahora se desconocen los requisitos concretos de dicho test. 

En cuanto a los incentivos recibidos por los asesores financieros, se indica que deberán actuar bajo el principio del "interés superior" del cliente y desglosar estos costes de forma diferenciada. 
"La Estrategia de Inversión Minorista mejorará la transparencia en costes y gastos y facilitará a los inversores minoristas una mejor comprensión de los riesgos, con el apoyo imprescindible de asesores cualificados", destacan desde EFPA España.

Además, el acuerdo respeta la soberanía nacional: los Estados miembros que deseen prohibir totalmente los incentivos podrán seguir haciéndolo.

Adiós al test de idoneidad para productos no complejos

Uno de los principales cambios tiene que ver con que no será necesario que los asesores evalúen los conocimientos y la experiencia del cliente cuando ofrezcan productos de inversión no complejos, diversificados y de bajo riesgo.  

Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso de los inversores a productos adecuados sin las cargas burocráticas adicionales. "La dispensa de la valoración de conocimientos y experiencia del cliente minorista para el asesoramiento de productos no complejos, eficientes y diversificados, me parece una gran novedad que previsiblemente fomente el incremento del asesoramiento a nivel cliente minorista", añade la experta de Baker McKenzie.

Alfabetización financiera y regulación de los ‘finfluencers’

El paquete también introduce nuevas disposiciones para estimular la alfabetización financiera. Bruselas anima a los Estados miembros a ayudar a las personas a comprender los riesgos y beneficios que conlleva la inversión, así como a evaluar críticamente el asesoramiento financiero recibido. 

Además, el texto refuerza el control sobre los ‘finfluencers’ (influencers financieros), que han estado ofreciendo asesoramiento superficial en plataformas de redes sociales. 
EFPA España celebra estas iniciativas, ya que “al impulsar la educación financiera y reforzar el control sobre los finfluencers, contribuirá a que los ahorradores se sientan más seguros en sus decisiones de inversión”.

Flexibilización para clientes profesionales

El marco actualizado permitirá que más inversores minoristas sean tratados como clientes profesionales si cumplen dos de los tres criterios siguientes:

• Haber realizado operaciones considerables (15 en los últimos 3 años, 30 en el último año o 10 de más de 30.000 euros en empresas no cotizadas en 5 años).
• Contar con una cartera que haya superado los 250.000 euros de media en los últimos tres años (rebajando el límite anterior de 500.000 euros).
• Poseer experiencia profesional en el sector financiero o acreditar educación y formación específica en gestión de riesgos (criterio recién añadido).

Este es otro de los aspectos respaldados por la asociación de asesores española. Según indica EFPA en su comunicado, es importante "que la RIS final evite una regulación excesivamente formalista y con demasiadas cargas administrativas, para no desincentivar el acceso al asesoramiento profesional de los clientes particulares".

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.