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El precio de la contaminación

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Un reciente informe publicado por la Alianza Europea de Salud Pública muestra la repercusión de la contaminación en la salud y la economía, y sugiere la correlación entre la polución y la mortalidad del COVID-19.

Según se recoge en el reciente informe sobre los costes de la polución en las ciudades europeas y su conexión con el transporte, publicado por la asociación European Public Health Alliance (Alianza Europea de Salud Pública), cada europeo hace frente a una media de 1.276 euros anuales, que en España se reduce levemente hasta los 926 euros.

Aunque no tengamos que abonar un importe de forma directa, la contaminación tiene un coste para todos los españoles. Para un ciudadano de Barcelona, el importe asciende a 1.256 euros y para un residente en Madrid es de 1.069 euros. Estas cifras ponen de manifiesto que de los 1.656 euros per capita destinados a gasto público en nuestro país, alrededor de un 56% se terminan gastando en enfermedades provocadas por la contaminación.

El informe -que muestra que los principales responsables son las partículas en suspensión nocivas (de distinta procedencia), el ozono y el dióxido de nitrógeno- calcula los costes derivados de los efectos de estos tres elementos y pone de manifiesto que la repercusión económica no es solo directa. De hecho, no se trata únicamente del desembolso económico al que las arcas públicas tienen que hacer frente, sino que se contempla también el coste de los medicamentos, e incluso los días laborales perdidos por bajas relacionadas con enfermedades respiratorias.

Pese a no ser el objetivo del estudio, los autores respaldan la conexión entre la mortalidad por coronavirus y la calidad del aire, partiendo de tres factores centrales. Por un lado, el virus podría propagarse con más facilidad en áreas donde hay una elevada cantidad de aerosoles procedentes de la polución. Por otra parte, la contaminación puede causar hipertensión, diabetes y problemas respiratorios, condiciones - que los médicos reconducen a una tasa de mortalidad más elevada. Finalmente, la baja calidad del aire debilita el sistema inmunológico.

En la actualidad hay numerosos estudios en marcha para determinar la incidencia de factores meteorológicos y medioambientales en la propagación del coronavirus, y aunque de momento no se han obtenido resultados concluyentes, sí se ha establecido una relación directa entre la contaminación y las afecciones respiratorias, que a su vez influyen en la agresividad de este virus. Así lo asegura la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), tras la revisión crítica de 57 estudios sobre la relación entre contaminación y COVID, puesto que la baja calidad del aire que respiramos incrementa el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas y crónicas, como neumonías, cáncer de pulmón o afecciones cardiovasculares.

En la línea de este estudio, cabe recordar que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) calcula que comercios y hogares suman el 56% de la contaminación de las ciudades, o que el transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de CO2 en la UE, el 72% de las cuales proviene del transporte por carretera. Un dato preocupante es el reportado en octubre por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, que registra un incremento del 30% en la adquisición de vehículos de más de 15 años de antigüedad, atribuible a su precio reducido y a la necesidad de desplazarse de forma individual para evitar el contagio por SARS-CoV-2. 

Por su parte, en España se está apostando por modelos de transporte más sostenibles, a través de incentivos para la compra de vehículos eléctricos (Plan Renove y Plan MOVES 2020), o como el tren de hidrógeno presentado por Talgo.

En el marco del Acuerdo de París, firmado en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en 2015 para frenar el calentamiento global y limitarlo a 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, España ha emprendido el camino hacia una remodelación estructural sostenible.

En tan solo un año y medio, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, nuestro país ha presenciado una intensiva descarbonización por medio del cierre de las minas de carbón, así como el desmantelamiento de siete de las quince centrales térmicas que aún realizan la quema de este mineral, mientras otras cuatro se encuentran realizando los trámites administrativos para seguir la misma senda.

Paralelamente, también ha aumentado la producción de energía verde, es decir, la sostenible y renovable, en concreto la fotovoltaica. Tanto es así, que a día 26 de agosto se habían batido todos los récords. Y más todavía, se prevé superar a nuestros países vecinos gracias al macroproyecto de Iberdrola, una planta fotovoltaica nombrada Francisco Pizarro, que contará con 590 MWp de capacidad instalada, suficientes para abastecer con energía limpia a 375.000 personas al año y se convertirá en la mayor planta fotovoltaica de Europa cuando sea operativa, en 2021.

Que la economía, el medio ambiente y la salud están interconectados entre sí queda pues patente. Así lo refleja también el estudio encargado por We Mean Business y Corporate Leaders Group de la Universidad de Cambridge, y realizado por Cambridge Econometrics. Sus resultados muestran que la recuperación sostenible produce mejores rendimientos económicos para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. El informe considera que la mejor estrategia pasaría por una leve pero significativa reducción del IVA para impulsar el consumo, combinada con medidas de eficiencia energética. También se percibe que la sostenibilidad jugará un factor principal en las finanzas, dado el constante aumento que se viene registrando desde hace años en las inversiones basadas en criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG). 

No obstante, en España la reducción o eliminación del IVA es causa de desacuerdos y polémicas. Por una parte, existen iniciativas privadas para solicitar la eliminación del IVA de productos ecológicos, por otra, Xavier Labandeira, catedrático de la Universidad de Vigo y director de Economics for Energy, consultado por La Vanguardia, sostiene que la solución no es eliminarlo, sino “establecer impuestos ambientales puros, por ejemplo por emisiones, contaminantes o consumos energéticos”. En el mismo artículo, la presidenta de la comisión de Economía y Sostenibilidad del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Ana García, subraya que además de centrarse en la recaudación como tal, es necesario reinvertir lo recaudado en acciones para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU.

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