Si hace menos de una década el sector de las criptomonedas vivía en un entorno prácticamente desregulado, a las puertas de 2026 panorama ha cambiado por completo: mayor supervisión, nuevas obligaciones y, sobre todo, una fiscalidad que se ha ido estructurando a base de interpretaciones y aclaraciones que buscan aportar seguridad jurídica.
La combinación de la regulación europea MiCA -ya plenamente operativa- y los cambios continuos de Hacienda para ir fiscalizando cada vez más las operaciones con criptomonedas han transformado el marco en el que se mueven tanto los inversores como las empresas del sector.
En medio de este cambio acelerado, comprender en qué punto está la fiscalidad cripto se ha vuelto imprescindible para cualquier profesional que trabaje con activos digitales. Este será uno de los ejes del Finect Investment on Change 2025, el encuentro de referencia para analizar cómo regulación, normativa y tributación están redefiniendo las reglas del juego.
De la incertidumbre al marco fiscal actual
Durante años, operar con criptomonedas en España fue casi un ejercicio de interpretación. Hace años, el sector era poco menos que el “salvaje oeste”: sin guías claras, sin normativa específica y con inversores que no sabían cómo declarar sus operaciones.
El primer gran punto de giro llegó con las consultas vinculantes emitidas por Hacienda, donde se aclaró, por ejemplo, que intercambiar una criptomoneda por otra ya genera una ganancia o pérdida patrimonial, incluso sin pasar por euros. Un detalle que muchos desconocían (y siguen desconociendo aún algunos).
Desde entonces, las consultas han seguido perfilando el tratamiento fiscal de los criptoactivos. Staking, airdrops, recompensas… todo ello se ha ido asimilando a figuras tradicionales: por ejemplo, los rewards de staking tributan como rendimientos del capital mobiliario, igual que los intereses de una cuenta remunerada.
Más información fiscal a Hacienda
Hacienda puede saber si un contribuyente opera con criptomonedas fuera de España principalmente por tres vías: los bancos, que desde hace unos años ya informan de transferencias hacia exchanges extranjeros; las plataformas españolas, que reportan movimientos; y el Modelo 721, obligatorio si se tienen más de 50.000 euros en exchanges o wallets internacionales.
En casos de inspección o movimientos relevantes, Hacienda puede solicitar información adicional a entidades financieras, pero de forma selectiva, según apuntan algunos expertos. No existe un rastreo masivo, sino actuaciones concretas sobre importes elevados.
En 2025, la Agencia Tributaria ha reforzado sus exigencias informativas. Según expertos, el control sobre los wallets en el extranjero se ha intensificado y quienes posean criptoactivos fuera de plataformas españolas enfrentan sanciones más elevadas o lo hacen de forma incompleta.
Estos requisitos obedecen a una transposición de la directiva DAC8, cuyo objetivo es reforzar el control sobre los proveedores de criptomonedas y aumentar el volumen de información que estos deben reportar a las autoridades fiscales. La novedad clave es que los datos que recibirán las administraciones afectarán tanto a residentes como a no residentes, y abarcarán cualquier criptoactivo utilizado para inversión o como medio de pago. La UE ha fijado el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que los Estados miembros adapten su normativa, con entrada en vigor plena a partir de 2026.
Otra novedad relevante para España es que las criptomonedas pasan a considerarse bienes embargables, igual que ocurre con cuentas bancarias, acciones o depósitos tradicionales. Es un reconocimiento expreso de que los activos digitales forman parte del patrimonio del contribuyente y, por lo tanto, pueden ser objeto de recaudación o medidas cautelares, incluso si están en entidades de dinero electrónico.
Por último, un elemento clave del ejercicio fiscal fue la incorporación explícita de las criptomonedas en la campaña de la renta 2025. La Agencia Tributaria incluye partir de este año datos ya pre-llenados relacionados con operaciones con monedas virtuales.
Es decir, muchos inversores han visto reflejadas en su borrador ventas por importes significativos, lo que ha generado inquietud y, en muchos casos, declaraciones retroactivas para regularizar ejercicios anteriores. Miles de contribuyentes han recibido a su vez avisos o solicitudes de aclaración sobre operaciones cripto.
¿Hacia dónde irá la fiscalidad cripto en 2026?
El debate público también se ha avivado ante los rumores de que algunos países podrían plantear la tributación de ganancias no realizadas. Extender este criterio a todo tipo de plusvalías generaría un enorme desafío y, según muchos expertos, podría incentivar la salida de patrimonios fuera del país que pudiera aplicarlas.
Aunque actualmente en España no se grava la simple tenencia sin venta, lo cierto es que, indirectamente, la subida de valor de muchos activos ha disparado el volumen del Impuesto sobre el Patrimonio en aquellas comunidades autónomas que lo aplican. En la práctica, muchos inversores han tenido que incluir sus criptoactivos en el patrimonio al 31 de diciembre.
Todos estos temas -control fiscal, reporting, nuevas normativas, retos de supervisión y el equilibrio entre regulación y competitividad- estarán sobre la mesa en el Finect Investment on Change 2025, que reunirá el próximo martes 25 de noviembre a algunos de los referentes del sector.
En la mesa redonda titulada 'Regulación y fiscalidad: ¿En qué punto estamos?', participarán Mariona Pericas Estrada, directora de Regulación Financiera en finReg360, y Sergi Andrés, socio y responsable de Activos Digitales en Abast Global. Dos voces clave para entender hacia dónde se dirige el marco normativo y tributario de los activos digitales en España.
Si trabajas en gestión, asesoramiento o en el ámbito institucional, esta sesión te permitirá comprender de primera mano cómo se está configurando la fiscalidad cripto y qué cambios pueden venir en los próximos meses.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni una propuesta de inversión. La inversión en criptoactivos conlleva riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
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