Los retos de las pensiones: las gestoras responden

David Carrasco, director de BBVA Pensiones, participa en un desayuno sobre la situación de las pensiones en España, organizado por  Funds People y en el que intervinieron también Generali Investments, Aviva y Cuatrecasas.

 

El XXV aniversario de la norma que introdujo los planes y fondos de pensiones en España coincide con un momento lleno de retos para el sector, a los que las gestoras y entidades aseguradoras responden con una mezcla de mayor información y asesoramiento al partícipe, innovación en productos y un exhaustivo análisis de las novedades regulatorias que podrían ayudar a impulsar el negocio en los próximos años, tratando siempre de superar la mirada cortoplacista que impone un complicado entorno económico.

“Los árboles de la crisis no nos dejan ver el bosque de la previsión con horizonte de largo plazo”, explica  David Carrasco, director de  BBVA Pensiones, convencido de la necesidad de establecer un reequilibrio del papel del primer pilar y los restantes (planes de empleo e individuales). En estos últimos, “las gestoras deberíamos ser capaces de hacernos acreedoras de una mayor proporción del ahorro futuro, en la medida en que sepamos dar respuesta a las necesidades de los clientes”, comenta Carrasco, en el marco de un desayuno sobre la materia organizado por  Funds People y celebrado en el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Para deshacer ese tupido velo tejido por la crisis y adoptar una visión algo más largoplacista, en BBVA están haciendo una apuesta clara por la información permanente (tanto en el ámbito de los planes de empleo como en los planes de pensiones individuales), bajo un esquema de multicanalidad, y asesoramiento a los partícipes en dos fases: la de acumulación (época activa) y la de disposición (una vez alcanzada la jubilación).

En la primera, sus esfuerzos se centran en concienciar sobre la necesidad de contribuir a los planes a lo largo de la vida laboral de forma sistemática y romper la estacionalidad de un producto ligado a las campañas de final de año y al incentivo fiscal. Se persigue así generar una mayor concienciación y disciplina de ahorro, que permita incrementar las aportaciones y la prestación en el momento de la jubilación, evite que el grueso de las contribuciones se concentre en un momento determinado y ayude a proteger la inversión de los vaivenes puntuales del mercado, según Carrasco.

En el momento del cobro de la prestación, el reto es lograr que se incremente la percepción en forma de renta, dado que se trata de un complemento a las de la Seguridad Social, que por definición se percibe en forma de pensión mensual.

Alfonso Benito, director de Inversiones de Aviva, coincide en el problema que supone ese horizonte cortoplacista de meses o semanas, cuando es necesario mirar en plazos mucho más dilatados. Desde la entidad aseguradora trabajan también en la concienciación de los inversores a través del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, creado a finales del año pasado y que pone a su disposición instrumentos tales como calculadoras de jubilación.

Uno de los problemas que detecta Benito es la forma de gestionar los planes, en muchos casos indistintamente de los fondos de inversión, así como el “café para todos los partícipes” en los planes de empleo, que obligan a tener un único plan, con una sola política de inversión, para todos los empleados independientemente de la edad. “En muchos casos se gestionan casi del mismo modo que los fondos de inversión, como si fueran un apéndice o ramificación de los mismos concebida únicamente para que el cliente se beneficie de su tratamiento fiscal”, denuncia.

Además, también cree destacable el gran foco que la industria ha puesto en los fondos garantizados, más fáciles de vender en las redes comerciales pero con menor potencial de rentabilidad que los planes a largo plazo. “Nos quitamos clientes unos a otros en vez de tratar de implementar nuevas ideas”, afirma, abriendo la puerta a vías innovadoras como fondos vinculados al IPC, fórmula que no ha salido adelante por la ausencia de bono ligado a la inflación en España y por el entorno de tipos de interés e inflación existentes en este mercado. “El corto plazo obliga a las gestoras a adoptar estrategias que no deberían ser las más adecuadas pero que los inversores demandan por una mezcla de miedo y cultura financiera”, añade.

Demanda de garantizados

Pero Bruno Patain, director regional de Ventas para la Península Ibérica de Generali Investments, es más partidario de aplicar esa innovación a productos garantizados con mayor sofisticación y un plazo de inversión de unos cinco años, además de recurrir también a modelos dinámicos cuantitativos, con una preocupación clave por el riesgo. “Hace tiempo, en los mandatos de pensiones primaba la filosofía de retorno total, pero cada vez se demandan más los garantizados”, comenta, y explica las ventajas de ofrecer estos productos a través de un PPA, por ejemplo, con una base de seguro que permite evaluar el resultado a vencimiento y evadir fluctuaciones de precio diario. Una idea de asegurar y proteger capital que cree tiene tirón en España y que Generali Investments trata de aplicar sobre todo a nivel del segundo pilar, el de las empresas.

“Las rentabilidades dejan mucho que desear, las comisiones a veces son altas y falla la transparencia”, dice sobre el mercado español, añadiendo que hay espacio para que las entidades internacionales completen la oferta local. De hecho, Patain cree que en los próximos años, cuando se levante el velo cegador de la crisis, se producirá un boom en los fondos de pensiones.

“El Estado es el principal competidor de las aseguradoras en su función de cobertura de riesgos y necesidades, visto como un modelo paternalista. Este modelo parece que va a ir tendiendo hacia otro, donde el Estado cubra las necesidades mínimas y en algunos casos de forma insuficiente”, añade Benito, en lo que concibe como un modelo algo más “anglosajón”, cuya industria está más desarrollada. Para el experto, esto dará pie a un gran cambio de mentalidad y concienciación en los próximos cinco años, desde el ahorro-inversión en forma de vivienda al de productos de cobertura de necesidades para la jubilación.

Impulso del sector: mentalidad y ley

Pero el sector no tendría por qué esperar a que se produzca ese cambio de mentalidad para vivir un impulso. Mientras llega, podrían ayudar las reformas gubernamentales, en forma de incentivos fiscales y también de obligatoriedad de las contribuciones a planes de pensiones. Una imposición que podría acabar llegando a la previsión social complementaria, según Asunción Bauzá, socia de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, en la medida en que las aportaciones que se realizan a planes de pensiones tienen que superar la barrera de la iliquidez.

"El atractivo fiscal se neutraliza en parte con el carácter de largo plazo, finalista y cautivo que caracteriza el ahorro que se incorpora en los planes de pensiones”, explica. Aboga por favorecer y revisar el régimen fiscal y apunta el atractivo que suponen los PPA y los planes de previsión social empresarial (PPSE) en el ámbito de los seguros. “La previsión social complementaria está llamada a desarrollarse en España, tal vez más por vía obligatoria que por concienciación ciudadana”, dice Bauzá. Eso podría traducirse, en el ámbito empresarial y a través de la negociación colectiva, en la sustitución de parte del salario actual por el diferido, lo cual permite velar por la seguridad económica futura y como cobertura ante la caída de la protección pública.

Y es que ese supuesto de hacer obligatoria la previsión social complementaria, por ejemplo en las empresas, ayudaría sin duda a impulsar el negocio de las pensiones, en un momento en el que las aportaciones están paralizadas. “Los flujos no se recuperarán en un tiempo”, dice Benito, excepto si llega a aprobarse dicha obligatoriedad.

Aunque en BBVA aseguran que sus esfuerzos por desestacionalizar la oferta y asesorar al participe han logrado cierta estabilidad en las aportaciones en un contexto de crisis, reconocen que se ha producido un aumento de los rescates por supuestos extraordinarios de liquidez, como es el desempleo de larga duración (que supone el 10% de los rescates en todo el sector), si bien estiman que una posible extensión a otras situaciones que se están planteando en la actualidad, como las vinculadas a la ejecución de una hipoteca, no deberían tener un impacto significativo en la medida que se establezcan en los términos que apuntan los borradores en esta materia.

En este sentido, Bauzá apunta también la competencia que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (órgano supervisor de este sector) va a tener para poder suspender temporalmente, de manera total o parcial, las aportaciones de los partícipes a planes de pensiones, las prestaciones de los fondos de pensiones y las movilizaciones de derechos consolidados, y la prohibición del Gobierno a que las empresas del sector público hagan aportaciones a los planes de pensiones de empleo a lo largo de este año –y posiblemente el próximo- como medida para reducir el déficit público. Esta ausencia de aportaciones por parte de los promotores públicos a los planes de pensiones de empleo de prestación definida para la jubilación y para los seguros que cubren riesgos dentro de dichos planes va a impedir abonar las prestaciones en los términos comprometidos y a generar descobertura en los supuestos de fallecimiento e invalidez permanente de los partícipes del plan, por lo que Bauzá prevé una fuerte judicialización por este tema.

Desarrollo de la ISR

Otra tendencia que marcará el futuro de las pensiones es la responsabilidad social, según Patain, pues los planes tendrán que decir si aplican o no estos criterios –en cuanto entre en vigor la Ley de Supervisión de Seguros Privados-, lo que supondrá su impulso. “Hay un renovado interés pues los jóvenes están más concienciados por estos temas y en los próximos años veremos un crecimiento de activos en esta dirección”, afirma, y recuerda que en la gestora han creado un departamento dedicado a ello.