El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas consideradas ilegales en España. Según el comunicado difundido este lunes, la Dirección General de Consumo ha exigido a la filial irlandesa de la compañía la retirada anuncios por incumplir diversas normativas autonómicas que regulan la publicidad de estos alojamientos. Todos corresponden a viviendas completas de uso turístico, sin incluir habitaciones individuales.
La actuación se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno por controlar el mercado de alquiler turístico y garantizar los derechos de los consumidores. En los últimos meses, se han remitido a Airbnb hasta tres resoluciones notificando la ilegalidad de dichos anuncios, ante los que la compañía ha recurrido ante la justicia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha resuelto recientemente el primero de estos recursos, dando la razón a Consumo y ordenando a la plataforma retirar de forma inmediata 5.800 anuncios de viviendas turísticas.
Por qué son ilegales los anuncios
La Dirección General de Consumo ha identificado tres razones fundamentales por las que estos anuncios se consideran ilegales. En primer lugar, muchos no incluyen el número de licencia turística exigido por la normativa de diversas comunidades autónomas, lo que constituye la infracción más común. En segundo lugar, los anuncios omiten la naturaleza jurídica del arrendador, impidiendo saber si se trata de un profesional o un particular, un dato clave para determinar la protección de los consumidores. Por último, algunos incluyen números de licencia falsos o incorrectos, lo que puede inducir a engaño.
El auto del TSJM afecta a viviendas ubicadas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco, territorios donde se han detectado estas infracciones. Ante esta situación, el ministerio ha reiterado su compromiso con la lucha contra la "ilegalidad generalizada" en el mercado de alojamientos turísticos y su intención de colaborar con las administraciones autonómicas para fomentar el acceso a la vivienda y proteger a los consumidores.
Entre las medidas adicionales, Consumo ha abierto varios expedientes sancionadores. En diciembre de 2024, inició uno contra una plataforma de alquiler turístico por incumplir la normativa sobre el número de licencia. En febrero de 2025, se abrieron expedientes a grandes gestoras por no especificar correctamente la figura legal del arrendador. Más recientemente, en marzo, se ha sancionado a una gran inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos. Estos procedimientos siguen en curso y reflejan la voluntad del Ministerio de intensificar la supervisión del mercado y garantizar que los anuncios cumplan con la normativa vigente.
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