Elecciones generales en el Reino Unido: ¿cambiará todo para que nada cambie?
Tras meses de especulación sobre la fecha de las próximas elecciones generales, el primer ministro británico Rishi Sunak ha confirmado recientemente que los comicios tendrán lugar el 4 de julio.
A día de hoy, las encuestas dan el Partido Laborista, actualmente en la oposición, una ventaja de 20 puntos. Las casas de apuestas, por su parte, asignan una probabilidad del 90% a que su líder, Keir Starmer, sea el próximo primer ministro. Mientras que una victoria en escaños para el Partido Laborista parece de hecho el resultado más probable, este aún debería superar obstáculos para asegurarse una mayoría suficiente en el Parlamento. En concreto, los laboristas aún necesitarían hacerse con los escaños del «muro rojo» que perdieron en 2019 en el norte de Inglaterra y las Midlands, así como los que se dejaron ante el SNP en Escocia y también ganar algunos que nunca antes han ganado.
Implicaciones para la economía
Puesto que los dos partidos viven a la sombra de la crisis del minipresupuesto de Lizz Truss, quizá sea lógico que ambos estén haciendo de la prudencia fiscal y la estabilidad económica las piedras angulares de sus campañas.
Tanto los laboristas como los conservadores se han comprometido con el objetivo fiscal principal que está actualmente en juego, que estipula que la deuda pública como porcentaje del PIB debe reducirse en una quinta parte de la previsión. Dada la presión a la que están sometidos los servicios públicos, alcanzar este objetivo parece difícil incluso sin nuevas medidas impositivas o de gasto.
Además, los dos partidos ya han adelantado que no subirán el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades ni las contribuciones a la Seguridad Social, lo cual limita seriamente cualquier compromiso de gasto importante para sustentar promesas electorales como la reducción de las listas de espera del NHS.
El Partido Laborista ha esbozado una lista de pequeñas medidas impositivas que tiene previsto implementar —incluido combatir enérgicamente la evasión fiscal, gravar la educación primaria privada con IVA y sancionar aún más a los «no-doms»1 — que se suman a las que los conservadores plantearon en su presupuesto de la primavera de 2024. La líder laborista Rachel Reeves, la ministra de Hacienda en la sombra, ha manifestado que su partido «no tiene previsto aplicar impuestos al patrimonio». Sin embargo, no cabe duda de que sus declaraciones se analizarán con lupa a la luz del programa electoral tan pronto como se publique.
Además, ambos partidos están presentándose a sí mismos como el partido de los empresarios. Aunque las encuestas de YouGov sugieren que los votantes británicos consideran que los laboristas están mejor posicionados para gestionar la economía, la Confederación de la Industria Británica (Confederation of British Industry) ha manifestado su preocupación por el «Nuevo pacto para las personas trabajadoras» (New Deal for Working People) propuesto por el partido, que tiene por objetivo reforzar los derechos de los trabajadores e introducir un «salario mínimo vital verdadero». Los problemas económicos más acuciantes del Reino Unido, en comparación con otras naciones occidentales, son su pésima tasa de participación en el mercado laboral y la persistencia del crecimiento salarial en el país, y aún está por ver si las políticas laboristas contribuyen o no a resolverlos.
La inmigración ocupa también un lugar prioritario en la lista de preocupaciones electorales y es otro de los ejes centrales de ambas campañas. Mientras que los laboristas han anunciado que crearán un Cuerpo de Seguridad Fronteriza (Border Security Command) para combatir la inmigración ilegal, los conservadores ya han vivido en primera persona lo difícil que resulta implementar controles migratorios en la práctica.
Durante el pasado año, ambos partidos relegaron a un segundo plano sus aspiraciones en materia medioambiental. El Partido Laborista ha reducido significativamente el presupuesto de 28.000 millones de libras anuales de su Plan de Prosperidad Medioambiental (Green Prosperity Plan) para enfocar su atención en el abastecimiento energético.
El Brexit sigue siendo un tema controvertido en el que ninguno de los dos partidos quiere entrar en exceso. Los laboristas han manifestado que tratarán de profundizar en las relaciones entre el Reino Unido y la UE mediante un plan de «doble vía» destinado a mejorar la cooperación en defensa y seguridad y, a partir de ahí, buscar quizá una mayor alineación entre las normas británicas y europeas en determinados ámbitos.
Sin embargo, la UE se ha mostrado firme en su postura de impedir que el Reino Unido se beneficie del mercado único sin compartir las responsabilidades que implica. Por tanto, una mayor cooperación requerirá probablemente que el Reino Unido renuncie a parte de su poder de decisión sobre los productos y las normativas, algo que podría resultar difícil de vender en casa. Dudamos de que la relación vaya experimentar ningún cambio rápido y, en nuestra opinión, una eventual reversión del Brexit es altamente improbable.
Aunque cabría descartar cambios significativos a corto plazo en la política monetaria, la posición ideológica laborista apuesta por un papel mucho más relevante del Gobierno en la economía, y el partido ha criticado con especial énfasis que los conservadores no hayan realizado inversiones en infraestructuras públicas tras la crisis financiera mundial.
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